¿En qué pararon los casos en contra de un ejecutivo de los canales del pueblo, que hasta donde tenía entendido era el elegido del Gobernador para dirigir la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (CPRDP)?

¿No se arregló el caso de Junito Torrealba que lo estaba acusando ? ¿No se ha concluido la investigación de ética gubernamental donde, supuestamente, este ejecutivo utilizó equipo del canal para hacer cosas personales? ¿En qué paró todo esto que, en un momento determinado, varios sacaron pecho diciendo que era mentira todas las acusaciones? ¿Si no había nada en contra de esta persona la hubiesen nombrado?

Me parece que tienen que aclarar todo esto por el bien de la CPRDP. Falta que ahora, cuando concluyan las investigaciones de verdad, se verifique todo y, si no hubo faltas a ética gubernamental o no hubo plagio en el caso del programa de Junito Torrealba, pues entonces que lo digan. Pero nombrar a la licenciada Cecille Blondet, esposa del licenciado Irvin Faccio, director de campaña del Gobernador, no tomó a muchos por sorpresa. Desde que la nombraron a la Junta de Directores de la Corporación, muchos ya lo esperaban. Como dijo Ana Enid López en su columna de ayer: “Hay que darle espacio”. Hello, pero no mucho pues hasta ahora Marietty Lasanta ha mantenido el barco a flote.

Más cambios

Dicen que los cambios en Nuestra Belleza Latina siguen. Han llamado a varios diseñadores para pedirles la opinión sobre posibles cambios para las chicas. No creo que este año haya guerra de almohadas, barro y mucho menos mangueras. Lo que sí habrá será glamour puro para levantar la autoestima de las chicas.

Productores pierden chavitos

Me encontré con un  productor  y  me comentó que la última vez que trajo un artista que apela a las personas de mayor edad perdió $400,000. “Cuando llene la planilla le demostraré a Hacienda que nos están haciendo más pobres cada día y no dan incentivo alguno”, me dijo.

Aunque el Colegio de Productores debe dar la batalla para derogar la ley injusta para los que hacen producciones cobrando, la realidad es que están como el coquí que canta solo. 

Me pregunto, si cada productor paga $500 y algunos hasta $1,000 al Colegio para obtener la licencia,  ¿por qué no llevan un caso legal por discrimen de clase? Sería interesante que el licenciado Roberto Suerio, a quien le encantan estas cosas, pensara si procede o no. 

Creo que mi amigo productor le pagaría por sus servicios y podría traer nuevamente al que llenó la sala con su show pero que le vacío los bolsillos. ¿Qué esperan los legisladores? Zzzzz... siguen dormidos.