Nadie dudaba que la fiscalía federal iba a someterle cargos a Jorge De Castro Font. Lo que no sospechábamos era que el pliego acusatorio, hecho público el jueves con el arresto del senador penepé, le imputara delitos tan específicos y tan graves que parecieran sacados de un libreto de cine.

Esperábamos más generalidades, menos precisión, más cargos sujetados con alfileres, como la acusación federal contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, conocida en marzo. Si alguien todavía dudaba de la opinión de muchos abogados enterados del caso contra el Gobernador, de que por lo menos la mitad de los cargos deben ser desestimados por el juez antes de llegar a juicio, debe haberse convencido ahora, a la luz de los nuevos acontecimientos.

Las acusaciones contra el protagonista de esta película de terror nos pintan a un villano oculto tras un rostro de inocente. No es que el senador fuera un billete de $100 (dicho sin sarcasmo), pues su compleja personalidad, su prepotencia, su altanería, son rasgos conocidos por todos y hasta reconocidos por él. Pero, nunca habría imaginado a Jorge De Castro Font extorsionando al estilo padrino de la mafia a un empresario, llamándolo para recordarle que no había pagado su cuota, advirtiéndole que dejar de "colaborar" le costaría caro.

El pliego acusatorio contiene alegaciones de extorsión y soborno de parte del poderoso senador contra 12 individuos, entidades y/o empresas. Reclamos directos de dinero a cambio de su influencia y de su voto. Amenazas directas e indirectas, a través de terceros, para obligarlos a pagar. Conspiraciones para cobrar por trasmano en algunos casos.

En 10 de las 12 instancias, los federales se apoyan en el testimonio de las personas que representaban empresas o entidades extorsionadas. En las otros dos se especifica que De Castro Font conspiró con esas personas.

No se mencionan nombres, aunque las descripciones que se ofrecen en cada caso los hacen bastante obvios. Los asuntos en los que se alega que el senador intervino con su voto o su influencia, a veces con ambos, son variados. No se limitan a negocios, sino que aparece hasta el marido de una jueza nominada pagando para que De Castro Font le diera paso a su confirmación.

Por supuesto, la fiscalía federal tendrá que probar los cargos contra De Castro Font, que ni siquiera se ha sonrojado desde que se conoció de qué exactamente se le acusa y que insiste en su inocencia.

Por ahora, la pregunta obligada es: ¿cuánto sabían sus compañeros en el Senado? Ese grupo de autodenominados "auténticos" que le cerró el paso a Pedro Rosselló y del que De Castro Font era el cerebro, ¿no supieron nunca nada? ¿Sospecharon algo? ¿Lo plantearon? ¿O acaso pensaban, como gran parte del país, que esa actitud de guapo de barrio no significaba nada más?

Y, entonces, surge otra pregunta obligada: ¿se benefició solo De Castro Font de toda esa corrupción? A juzgar por lo que describe el pliego acusatorio, el senador era bastante indiscreto en sus movimientos, pedía dinero de frente a sus extorsionados, involucraba a terceros, vivía ostentosamente, se las echaba sin recato. ¿Cómo lo hizo durante tantos años -uno de los casos se remonta a 1996- sin que pasara nada?

¿Se estará haciendo la fiscalía federal estas preguntas? Si se las hace, ojalá que las respuestas no tengan que venir acompañadas de nuevos arrestos.