Cuando se dio a conocer, a principios de 2009, el contrato de servicios legales que la recién estrenada presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, le había otorgado a su madrina política, Zaida "Cucusa" Hernández, escribí en este blog que la ex jueza de apelaciones y ex presidenta cameral debería ser como la mujer del César.

Calculé entonces que Hernández tendría que dedicar 17.85 horas semanales a cumplir con el contrato de $84,000 por seis meses, a razón de unos $15,000 mensuales, que acababa de recibir --y que sigue vigente-- en el inicio de un cuatrienio en el que, según ha repetido hasta el cansancio el gobernador Luis Fortuño, no había encontrado dinero ni para pagar la nómina gubernamental.

Recuerdo que la licenciada Hernández se molestó cuando se discutió públicamente su contrato, pagado con fondos del pueblo de Puerto Rico y no con dinero privado de su cliente. Y hasta prácticamente dijo que le cobraba poco a González si se tomaba en cuenta que ella le facturaba $375 la hora a sus clientes privados.

La licenciada Hernández, que acababa de retirarse como jueza de apelaciones con una pensión anual de $78,000, ciertamente ha disfrutado de la promesa de campaña de "dinero en tu bolsillo" del gobernador Fortuño.

En un cuatrienio de recesión, despidos masivos, desempleo y precios altos, la señora Hernández podía vanagloriarse, como lo hizo en una entrevista de prensa para esos tiempos, de que no había nadie que pudiera hacer el trabajo de asesor de la presidencia cameral mejor que ella.

Exhorté en aquel escrito a la nueva presidenta cameral a que actuara con transparencia e hiciera público cada informe de servicios prestados que la licenciada Hernández le sometiera. No he sabido de ninguno.

Lo que sí hemos sabido es que la licenciada Hernández, aparte de su contrato con la Cámara, tiene otro con el Panel de Ex Jueces del Fiscal Especial Independiente.

Su más reciente gestión como asesora de la presidencia cameral ha sido un recurso sometido esta semana ante el Tribunal de Apelaciones para anular una orden de un juez superior de Ponce, dirigida a que la Cámara entregara las grabaciones y transcripciones de las vistas que efectuó la Comisión de Ética del cuerpo legislativo en el caso del ahora ex representante popular Luis Farinacci. Por lo pronto, el Apelativo paralizó la orden del juez de instancia.

Curiosamente, la fiscal especial independiente Iris Meléndez, que lleva la acusación de violencia doméstica contra Farinacci, apoyaba la solicitud de los documentos, originada por la defensa del ex legislador.

Así que, en resumen, la licenciada Hernández, en representación de un cliente en controversia con otro, acude al tribunal con un recurso para oponerse a una orden judicial a la que ese otro cliente no se opone. Y no pasa nada.
Parece que ya no importa la mujer del César.