En un país de ley y de orden, uno esperaría que las leyes se respeten, se cumplan y si se sale de lo establecido, se penalice. Hablamos de una lógica sencilla en un sistema estructurado. Pero lo que es de sentido común aparenta no ser la norma en Puerto Rico. Aquí la impunidad campea por su respeto. Por ello, es que vemos tanta gente que se la juega todos los días a la hora del tumbe.

Los ejemplos saltan ante nosotros. Lo hemos visto en la oficina federal del Seguro Social, a donde muchos acuden a nivel de parálisis y oxígeno para reclamar pensión por incapacidad y una vez lo aprueban son sorprendidos mezclando cemento o hasta bailando más suelto que John Travolta en un crucero cualquiera. Así también quedó plasmado con el PUA. Menores se confabularon para recibir un beneficio sin todavía haber ingresado a la fuerza trabajadora del país. En estos casos, como en tantos otros, estas personas realizan la maniobra porque saben que en el universo de probabilidades, la oportunidad de que nada ocurra es enorme.

Con la ley electoral se produjo lo mismo. La ley establece que una vez se comienza, el proceso de votación no se detiene. Pero la votación del domingo 9, sí se detuvo. La ley electoral establece que los candidatos activos no pueden intervenir, llamar o reunirse con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones mientras está en proceso el evento. Eso dice el papel. ¿En la práctica? Uno de los candidatos, Pedro Pierluisi, llamó al juez Dávila, mientras los presidentes de los partidos, ambos candidatos al Senado, no tan solo se reunieron, sino que tomarían la determinación de pararlo todo.

El proceso no concluyó y está prohibido filtrar números. En televisión nacional, el delegado electoral de uno de los candidatos ordenó a sus funcionarios que le sacaran fotos a las hojas preliminares de resultados. ¿Qué pasó? Al instante estaban las redes sociales inundadas de números. Números que son seleccionados para dar la impresión de que un candidato está por encima de otro.

Sin lugar a dudas, las movidas minan y afectan el estado de ánimo del elector, que por culpa de estos genios de la insuficiencia no ha podido ejercer el derecho al voto. Tal vez, podría activar a los votantes a demostrar que los resultados pueden cambiar o ratificar lo que se corre en las redes. Otros podrían tirar la toalla y pensar que su voto no hará la diferencia y que, por ende, será un ejercicio fútil. En ambos casos, el resultado es el mismo. Es una intervención indebida e injusta en momentos que la Constitución busca garantizar la igualdad del voto.

Nadie sabe a ciencia cierta qué pasará. La tragedia de la administración del juez Juan Ernesto Dávila es que no tan solo falló en lo funcional, erró además ejecutando y remediando. Pena me da con los abogados que acudan a su sala judicial a buscar justicia porque, definitivamente, quedarán insatisfechos con el resultado.

Si es una violación el divulgar resultados por cualquier medio, es menester poner mano dura contra los responsables. No debe ser muy difícil poder identificarlos. La hoja publicada tiene unos resultados de unas máquinas que dudosamente sea similares a otras. Pero recuerde, nada pasará.

Por esto, es importante la declaración del juez Luis Estrella. Alerta sobre esto. No lo deja pasar livianamente y da un campanazo de realidad. No todos están ciegos. Ojalá y el resto de los jueces atienda el asunto como lo puso en blanco y negro la gobernadora.

Aquí no tan solo se tiene que buscar alternativas al proceso tronchado del voto, sino que es meritorio atender las controversias y violaciones de ley. Es lo menos que se merece el ciudadano común, quien hasta el domingo se sentía orgulloso de un sistema electoral que trabajaba en armonía y que permitía transiciones de poder sin derramar sangre.

La democracia ha sido ultrajada, vilipendiada y apuñalada bajo la complicidad de la risa tipo Pedro Navaja, cual enseña “el diente de oro que va brillando”. No dejemos que esas actitudes de corte gansteril se apoderen de un sistema eficiente.