La política puertorriqueña no deja de sorprenderme. Desde que comencé en este oficio, allá para el 1991, lo que he vivido es una repetición de una mala obra pero con distintos personajes. La prudencia es un término que está lejos del vocablo de los políticos, quienes optan por dispararse unas maromas que dejan atónitos a más de uno.

El tema de la invasión a Ucrania está presente las 24 horas del día. Para no sentir que el conflicto ocurre en el viejo continente y provocar así cercanía, vemos de inmediato resoluciones legislativas para censurar el acto. Ciertamente, la empatía es importante. No obstante, si se hace una evaluación fría del asunto, llegaremos a la conclusión de que es un ejercicio fútil. Nadie se dará por enterado que esta isla en el caribe está indignada con la movida de Vladimir Putin.

Pudieran ser creativos y enviarla al despacho del embajador ucraniano en Washington y terminará como una carta más. Igualmente insignificante e inservible es la orden ejecutiva del gobernador para prohibir la venta de las bebidas de origen ruso. Para lo único que sirvió fue para enterarnos de que la vodka que se consume comercialmente en la Isla viene de distintos lugares, menos de Rusia. Solo el chef Mario Pagán reveló que en sus exclusivos restaurantes sí traía la vodka directamente del corazón de Moscú y que no la ofrecería más a su público, por solidaridad y no por el dictamen de Pierluisi.

Conjuntamente con el drama de la guerra vivíamos el drama guerrillero del Senado, que fusilaba el nombramiento de Enrique Volkers y del nominado al Tribunal Supremo, el juez Rodríguez Casillas. Lo hicieron sin siquiera efectuar una vista pública en la que pudieran evidenciar la alegada incapacidad o deficiencias de los nominados.

En el caso del primero, se escudaron en incongruencias en sus planillas. El presidente senatorial decía que “si no podía manejar sus finanzas, ¿cómo dirigiría una agencia?”. Lamentablemente, no lo sabremos, pues no tuvo su “día en corte” para que lo desnudaran. De afuera, solo se escuchaban cosas bastantes buenas; como su aplicación del Vacu Id, el CESCO digital y el marbete electrónico que se encuentra en etapa experimental.

En cuanto a Rodríguez Casillas, podemos decir que fue víctima del “salivar” partidista. A juicio de José Luis Dalmau, el nominado sería colgado pues no hace falta en el foro. Dalmau destacaba, sin presentar pruebas que sostuvieran su argumento, que el más alto foro judicial no tiene “ataponamiento” de casos y la presencia de ese juez no representará diferencia alguna.

Lo que más duele es el silencio de la judicatura. Solo la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura condenó que no se realizara ni siquiera una vista. La Administración de Tribunales no comentó nada. Igual la jueza presidenta Maite Oronoz. Le corresponde a ella destacar e informar la necesidad o no de esa vacante. De esa forma, se respetaría el balance de poderes que fija nuestra Constitución.

El Tribunal Supremo es visto como un balón político. Allí, los togados se les divide por el partido que los nominó. Conforman un escudo para proteger intereses particulares. Lamentablemente, esos casos no representan ni el 10% de los asuntos que tienen que atender. Obvian el otro 90% que no tiene nada que ver con las patrañas partidistas.

El senador Dalmau no se distancia de las actitudes retrógradas que en el pasado asumieron Kenneth McClintock y Jorge de Castro Font, que alardeaban de que guardaban esos espacios para ser llenados por su partido. Es el mismo rosario que reza el actual presidente del Senado. Solo que en esta ocasión estamos a tres años de las elecciones y es aún incierto decir en qué lado caerá esa moneda. Mientras tanto, seguimos de charada en charada. ¡Qué pena, Puerto Rico!