Nos encontramos en nuestra cuarta semana de cuarentena por el coronavirus o COVID-19, que además de ser un virus novel para la ciencia, ha sido novel en las cosas que se ven y se escuchan en Puerto Rico.

Muchas controversias en la isla han sido temas de discusión y de discordia también a nivel internacional. Tal es el caso de los respiradores y las pruebas para detectar el mortal virus. Ambos asuntos son manzanas de discordia y punta de lanza para críticas a los distintos gobiernos que enfrentan los retos del coronavirus.

Sin embargo, lo que nos diferencia de otras partes del mundo es la manera en que atendemos la emergencia y las cosas que hacemos. Debo decir con tristeza, que muchas hieren la retina y retan la cordura. Comencemos con algunos ejemplos. Usted dirá al final de esta columna si comparte o no mi opinión.

Lo más grave que se ha visto hasta ahora es la orden de $38 millones en una compra de pruebas rápidas para detectar el dichoso COVID-19 que nos aqueja. La carrera con otros países es retante. Sin embargo, ¿cómo es posible que nadie preguntó antes de dar el visto bueno para un adelanto de $19 millones sobre cómo mezclaba una empresa especialista en asuntos de construcción en un tema de salud? Es claro que muy bien pudiera orientar sobre calidad de cemento, varillas o cuál firma de arquitectos es más creativa que otra pero, ¿para ordenar pruebas rápidas de COVID-19? ¡Nahhhhh!, pensé que era un chiste, pero me equivoqué.

Claro, la conexión política llena de sabiduría a cualquier mequetrefe que pretende empujarnos a sobreprecio las benditas pruebas.

El daño no se materializó, pues se dijo que se recuperó el dinero y nunca se desembolsaron para comprar las pruebas. El asunto tiene que ser investigado y, una vez más, demuestra cómo los inversionistas políticos están en gansería del tumbe. Aquí ciertos políticos se frotan las manos salivando hasta que les mencionamos a los “Anaudis de la vida” y ahí salen corriendo para el otro lado. Ciertamente, un tema para ser tratado en el año electoral.

De los gansos pasamos a la creatividad de los políticos. Muchos alcaldes cerraron las fronteras de sus municipios como si con ello evitarán el contagio del virus. La lógica del asunto consistía en eliminar los jangueos de las personas enzorradas en sus casas que optan por visitar pueblos lejanos a fin de despejar su aburrimiento. De ahí saltamos a Utuado, cuyo alcalde amenazó con imponer multas municipales por $200 a los que sorprendiera en lugares públicos sin mascarillas y sin guantes.

Claro, una recomendación de salubridad es su uso, más sin embargo cabe destacar que es un producto que escasea en la zona metropolitana, donde tienes accesos comerciales en cantidad. Imagínese usted, en la montaña.

A este alcalde no se le ocurrió imitar al de Cataño, que compró mascarillas y guantes, los que repartió entre los más desaventajados. Nuevamente, la soga parte por lo más fino y solo pensamos en castigar, multar y maltratar.

Ya que llegamos a este punto, nos detenemos en el tema de las tablillas. La intención fue muy noble. Reducir la cantidad de vehículos en circulación. Lamentablemente, se malinterpretó. En lugar de bajar la cantidad de carros, el ciudadano en general interpretó que tenía permiso para salir y circular libremente en el día que tuviera el dichoso número par o impar. Grave error.

Luego está el asunto de los supermercados y al que se le ocurrió que estos comercios tenían que monitorear los vehículos y reportar a la Policía los que tuvieran un número de tablilla en violación al día asignado. Hemos escuchado que hasta patrullas estatales y municipales se han metido en estacionamientos a realizar monitoreos de tablillas. Esto ralla en la ridiculez.

Una emergencia presenta múltiples retos. Requiere solidaridad y entendimiento de ambas partes, del sector ciudadano así como del gobernante. Pero, tristemente además de ser empáticos, tenemos que estar vigilantes ya que en Puerto Rico vamos del ganso a lo ridículo.