El pasado lunes, la jueza Laura Taylor Swain le dio “pam pam” a las autoridades locales y a la propia Junta de Supervisión Fiscal, al destacar que su paciencia se estaba acabando con relación al largo proceso en el cual nuestra isla ha intentado reestructurar su deuda.

Las redes sociales se inundaron de comentarios de todo tipo, pero mayormente de indignación ante la actitud de la magistrada. Era, sin lugar a dudas, la voz del imperio hablando contra los colonos.

Al fin y al cabo, el asunto está en manos de otros y no realmente en las nuestras. Lo más importante: aquí lo prioritario son los cobradores y no las necesidades de los ciudadanos de Puerto Rico. Eso indignó a más de uno.

El “chancletazo” vino dirigido a las intenciones legítimas de un grupo que busca a toda costa proteger las pensiones de nuestros jubilados, buscar un dinero adicional para nuestra universidad y otros asuntos. Algunos de esos puntos riñen con la Junta y de ahí, el que no se dé una relación consensuada para aprobar el llamado Plan de Ajuste Fiscal que pondría punto final al periodo de no pago a nuestra deuda.

Ciertos sectores han pedido, incluso, que se declare nula parte de la deuda contraída por alegar que se hizo de manera ilegal. Ello nunca ha ocurrido, lo que sostiene su negativa a aprobar el proyecto de Plan de Ajuste.

Al momento de escribir esta columna permeaba un ambiente de búsqueda de votos, aunque se daba por hecho de que ocurriría al final de la noche. Esto abriría un camino novel para el país, al ponernos ante la posibilidad de entrar en un proceso de mediación en cual, al final del camino, podríamos quedarnos sin algunas de las protecciones que se pretendían legislar.

Lo cierto es que estamos lidiando con un proceso establecido mediante legislación congresional, en el cual hemos tenido muy poco que decir. Lo peor del asunto es que algunos apostaron a enmiendas a la Ley Promesa. Ya estamos entrando a los meses finales del año y nada ha ocurrido. Nadie ha realizado enmiendas, ni ha provocado que el tema se mueva en el Congreso. Usaron el asunto para ventaja momentánea en sus carreras políticas y, de paso, meternos la mano en el bolsillo para sus fondos de campaña.

De esa forma, detractores y favorecedores nos quedamos, otra vez, con la carabina al hombro. Por eso duele el “chancletazo”. Porque es escuchar la voz de que poco importa lo que se pretenda defender, al final del camino se riñe con el deseo de los que tienen la sartén por el mango.

El 8 de noviembre será el juicio de confirmación del Plan de Ajuste. El mismo deberá ser presentado en un informe a más tardar el 2 de noviembre. Para ese entonces, sabremos dónde estamos parado de cara al futuro. Ojalá no nos lleve a una nueva quiebra, cómo algunos vaticinan. Lo que se vive hoy es el inicio de un nuevo camino en relación al Puerto Rico que queremos para el 2050.

Mientras se atiende esa reestructuración, se debería pensar en un proyecto serio para el desarrollo económico de la Isla. También pensar en un proceso que nos lleve a la descolonización. Para las tres misiones necesitamos la unión de todos los sectores. Si permanecemos divididos destruiremos a Puerto Rico, nos hundiremos en la pobreza y solo fomentaremos una emigración masiva. Así que, lejos de seguir penando por el chancletazo de Laura, debemos comenzar a pensar cómo devolverle la chancleta a Laura y a todos los amigos del norte. ¡Suerte, muchachos!