El próximo 28 de noviembre, los hermanos Erick y Luis Daniel Zapata cumplirán cinco meses desde que fueron detenidos en la zona turística de la llamada Riviera Maya, la cual comprende Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Como ya se ha establecido, los jóvenes fueron enviados a un centro de detención en la zona de Playa del Carmen, tras ser acusados de agresión sexual.

Durante todo este tiempo, con frecuencia, me detienen en la calle para preguntarme sobre el caso y cuál ha sido la participación del Departamento de Estado, así como el de la Embajada de los Estados Unidos o su consulado, en la zona de la Riviera Maya. Según los padres, no ha sido mucha. Un poco más activa en las primeras semanas del caso y, a medida que pasa el tiempo, ha sido más de ausencia que de presencia.

Claro, se tiene que distinguir hasta qué punto puede intervenir la diplomacia y hasta qué punto no. Pero volvemos, este caso se ha distinguido por la poca información que fluye.

En cuanto a la Embajada, el asunto se limitó a unas visitas iniciales para establecer que los chicos eran ciudadanos americanos y que estarían pendientes a su integridad física.

De manera inicial, se logró un acomodo en la zona de enfermería, ya que en el centro de detención no existen celdas, donde se puedan tener reos de manera aislada. Esto fue así los primeros meses. Sin embargo, hubo cambio de gobierno a nivel municipal y el privilegio terminó. Los jóvenes están recluidos en una celda con otros siete reclusos.

De acuerdo a los padres y entrevistas realizadas por “Noticentro” (Wapa TV), el Departamento de Estado se involucró inicialmente a través de llamadas y contactos con la Embajada. Solo se les orientó sobre lo que establece la diplomacia en estos casos. Alegadamente, ambas entidades no pueden entrar en los aspectos de cómo se administra la ley mexicana. Y ello es entendible. Sin embargo, basado en el derecho internacional, a todo ciudadano estadounidense detenido en suelo mexicano se le tiene que garantizar un debido proceso de ley.

La frase luce muy bonita y es un salvavidas que muchos lanzan por delante, a la hora de contestar alguna pregunta sobre el curso del caso criminal. En este caso, la frase incomoda por una sola razón. ¿Es un debido proceso de ley dejar a dos jóvenes detenidos por cinco meses sin que ocurra nada con ellos? ¿A qué se debe ese limbo? ¿Por qué no se formalizan los cargos y se procede a fijar una fecha de juicio?

Es ante estas preguntas, que la frase luce como un cliché. Un cliché que el propio Departamento de Estado vuelve a utilizar en un comunicado circulado ayer, martes 23 de noviembre. La misiva es en reacción a unas preguntas que le formulé al gobernador Pedro Pierluisi el pasado viernes 19 de noviembre, en la antesala de la convención de su partido político.

El gobernador lucía perdido en el tema. Con poco dominio del mismo, se limitó a decir que el Departamento de Estado trabajaba el asunto. Las preguntas fueron en la dirección de que los padres llevaban semanas largas denunciando que la comunicación se había cortado. Que nadie les hacía caso y que se sentían abandonados y solos. El gobernador se limitó a decir que esas expresiones las había realizado una tía en Puerto Rico y que ello no era correcto, pues el Departamento actuaba diligentemente el asunto. El gobernador, por desconocimiento, obviaba que las denuncias eran realizadas por los propios padres desde México.

Esta película ya la he visto anteriormente. El círculo cercano del gobernante lleva informaciones a medias, incorrectas o erradas. Por eso, se escotan.

El asunto de los hermanos Zapata merece sensibilidad, empatía y solidaridad. No se trata de dos delincuentes mequetrefes. No son sicarios, no son narcotraficantes. No tenían récord criminal alguno.

Son dos jóvenes terminando la adolescencia, hijos de una familia de clase media que economizan para disfrutar de una vacación ocasional. Luis tiene un taller de mecánica y Mely tenía un trabajo de facturación a planes médicos en una oficina de una doctora. En fin, Erick y Luis Daniel son buenos chamacos.

Ahora bien, un caso con estos protagonistas y las circunstancias ya narradas pudo haber provocado un rol más activo del gobernador.

Pierluisi fue secretario de Justicia y, con un poco de atención, podría encontrar como algo descabellado que estos jóvenes se mantengan detenidos, sin que el caso avance. Sea en dirección que sea.

El gobernador podría llamar a su homólogo del Estado de Quintana Roo y preguntar. Dudo mucho que de gobernante a gobernante no fluya información que pueda arrojar explicaciones. No sería nada impropio, pues no se trata de abogar por su liberación, ni otras condiciones. Sería algo informativo y a su vez, reitera que el gobierno de la isla vela por la integridad física de cuatro de sus ciudadanos.

Sin embargo, el gobernador rechazó esa posibilidad y dejó todo en manos del Departamento de Estado, con su rol limitado.

Mientras tanto, Mely y Luis siguen sin explicaciones y atrapados en la desesperanza. Todos los que tenemos hijos deberíamos ponernos en sus zapatos. La sensación es horrible. Gobernador, usted también debería reflexionar sobre eso. Solo se pide un poco de empatía.