En mi largo caminar por la profesión del periodismo, he escuchado a muchas personas decir que Puerto Rico es una isla de ley y orden. Sin embargo, los hechos lanzan por la borda estos argumentos al, simplemente, no ejecutarlos en la práctica.

Las invasiones en la reserva natural del Estuario Jobos en Salinas es el ejemplo más reciente. Esta historia no comienza en años recientes. Se remonta a casos tan lejanos como en el 1976, cuando un hombre de apellido Godreau vendía títulos de propiedad en unos terrenos que no le pertenecían. En 1980 se convierte en una reserva federal y poco a poco, personas sin escrúpulos se apropiaban de terrenos. Ocurría bajo el radar. Se aprovechaban de la pobre supervisión para, impunemente, apropiarse de algo que no le pertenecía.

Para el 2015, se denuncia daño ambiental. El lío se había hinchado tanto que era imposible esconder esa barriga. La acción terminó en unas multas muy pobres y sin mayor consecuencia. En el año 2017, se ignoraron resoluciones que ordenaban investigar lo que había ocurrido en el lugar. Buscaban respuestas. Nadie podía decir con exactitud si hubo consecuencias mayores. Si se había mitigado el daño ambiental. Peor aún. Nadie sabe decir al día de hoy, por qué no se le dio paso a esa resolución municipal, que endosó y apoyó la entonces presidenta de la legislatura municipal.

Para el 2019, la entonces secretaria de Departamento de Recursos Naturales, Tania Vázquez, le refiere a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, el asunto. En la misiva, que dimos a conocer a través de un reportaje que realicé para Noticentro, denunciaba un esquema ilegal de venta de títulos. Que ya existían 21 parcelas establecidas de manera ilegal.

Para sazonar aún más el asunto, la secretaria del DRNA destacaba que de manera fraudulenta se hicieron de utilidades de agua y luz. La carta fue de mayo de 2019. Semanas más tarde, explotarían los eventos del verano del ‘19 que acabarían con la gobernación de Ricardo Rosselló y que llevarían a Vázquez Garced a la mansión ejecutiva. El asunto denunciado en la carta no se atendió.

Actualmente, se habla de que el lugar es utilizado para veraneo. Se identifica a gente con bastante influencia y de buenas profesiones.

El actual secretario del DRNA, Rafael Machargo, le abrió la boca a medio mundo al admitir en mi programa de radio que residentes del lugar se envalentonaban y sacaban armas de fuego, para espantar a funcionarios de su agencia que se asomaban para cualquier gestión investigativa. ¡Eso ya raya en delincuencia!, pero nada pasa.

Llama la atención la actitud pasiva de la alcaldesa Karilyn Bonilla ante tan escandaloso asunto. Admite que siempre ha sabido de la invasión y más allá de acciones aisladas, su intervención es muy poca.

Admite que le recoge la basura a los indeseables inquilinos, pues no hacerlo, es fomentar la creación de un problema de salud. ¡Caramba! ¡Tanta cortesía lleva a uno a rascarse la cabeza! En su lugar, ¿por qué no ha sido más proactiva denunciando el asunto? Pudo ser un tema bandera para estar en los medios proyectándose como una gran defensora de este patrimonio natural de la isla. Pero no ocurrió así.

En el pasado, se han documentado intervenciones policiacas que sacan ciudadanos que ocupan zonas invadidas. Lo hacen a fuerza de macana. Saltan a la mente los sucesos de Villa Sin Miedo y el asesinato de doña Adolfina Villanueva. Claro, existe una gran diferencia. Esos ciudadanos eran pobres, en su mayoría negros y desventajados. En el sur, el aire es distinto. Allá arrastran los pies. Los rojos y los azules han sido poco eficientes defendiendo esa reserva.

También han fallado los “todopoderosos Federales”. Esos seres místicos que con su acento norteño rigen pautas de moralidad y eficiencia. En Salinas, se colgaron.

Este relato ha sido elaborado para demostrar que esa expresión de que “Puerto Rico es un país de ley y orden” es, simplemente, una gran falacia. Salinas, lo demuestra.