En Puerto Rico nada deja de sorprender y menos, si es un tema de nuestra política. El domingo 9 de enero, el Gobernador nominó para una plaza de juez del Tribunal Supremo a un veterano togado con 24 años de carrera judicial. El seleccionado responde al nombre de Roberto Rodríguez Casillas, un jurista que logró nominaciones y renominaciones bajo administraciones rojas y azules. Viene a llenar la vacante que dejó la jueza Anabelle Rodríguez, al cumplir el requisito de edad máxima que nuestra constitución fija en 70 años. Desde el 24 de diciembre de 2020, la silla está vacía.

Tras la nominación del veterano juez, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien avaló con su voto algunos de esos ascensos, dijo que el nombramiento era innecesario. Argumentaba el líder senatorial, que los cúmulos de casos atendidos por ese foro estaban debidamente satisfechos por los jueces actuales y que no ameritaba llenar la vacante. Dalmau añadió que él favorece un tribunal de 7 jueces y no de 9 como se amplió bajo la administración de Luis Fortuño.

Por más lógica que usted le busque a los argumentos de Dalmau, una razón es la que se impone. La política partidista. Dalmau le devuelve al gobierno PNP, una pedrada que le tiraron Kenneth Maclintock y Jorge de Castro Font al entonces gobernador, Aníbal Acevedo Vilá. En ese cuatrienio (2005-2008), hubo un tranque por dos vacantes; la del juez retirado Baltazar Corrada del Río y la que provocó la inesperada muerte de Jaime Benito Fuster. Los intentos del gobernador Acevedo Vilá por designar personas e incluso, que una de ellas fuera propuesta por el Senado, controlado por el Partido Nuevo Progresista, fueron ejercicios fútiles a la buena política. De Castro Font, a quien apodaban Ñañito, se atrincheró y reclamó que las sillas serían guardadas para el gobernador del próximo cuatrienio. De esa forma, congelaron el balón, esperaron el resultado electoral que pintaba favorable para los novoprogresistas y se dio “el banquete total”, que tantas veces De Castro Font cacareaba en los medios. De esa forma, Luis Fortuño se convertiría en el gobernador que más nombramientos hizo al Tribunal Supremo, desde los tiempos de Muñoz Marín, logrando una balance favorable a su partido político.

Tristemente, Dalmau juega la misma baraja. Al parecer, quiere congelar el balón por tres años y ver si la suerte acompaña a su colectividad en las urnas. De eso ocurrir, un gobernante popular tendría la oportunidad de llenar esa vacante y dos adicionales, ya que dos de los jueces nombrados por Fortuño, alcanzan los 70 años en el período de 2025-2028. De esa forma, el PPD podría retomar el control del tribunal, 5 jueces a 4. Esa, querido amigo, es la estrategia. Todo lo demás es cuento de camino.

El problema con esta estrategia es que navega en el mar de las probabilidades y la incertidumbre. El cuatrienio aún está muy verde, contrario a lo que ocurrió en el 2005-2008, donde la controversia se dio en una etapa en la que Acevedo Vilá estaba muy golpeado electoralmente. Si las condiciones hubiesen sido favorables para Aníbal, cuente y jure que el Senado hubiese empujado un candidato para ir parejo y no dejarle las dos sillas al PPD. Pero, prácticamente, olfateaban la derrota electoral de la pava. Acá estamos en una etapa muy temprana del juego electoral.

Además, el mar es uno distinto al de las elecciones del 2008. En ese entonces, rojos y azules eran duelo del escenario. Hoy no es así. El escenario es más complicado. Candidatos y partidos de nuevo cuño han venido a diluir votos a las estructuras tradicionales. Quien más se ha afectado en estas dos últimas elecciones ha sido el PPD. Alexandra Lúgaro y Victoria Ciudadana han logrado atraer votantes que de otra forma aterrizarían en el PPD.

Aunque el PNP no había estado ajeno a esa fuga de votos con candidaturas como la Manolo Cidre, el Proyecto Dignidad, Juan Dalmau y hasta la propia Lúgaro, ha mantenido cierta lealtad que le ha permitido revalidar. El Mejor ejemplo fue el resultado del 2020, donde el PNP no merecía ganar y aún así se impuso. El tablero electoral muestra un tranque. Es mucho más que decir que el 67% no votó por Pierluisi. Porque en esa lógica se puede argumentar que el 69% no votó por Charlie, que el 86% no votó por Lúgaro o que el 87% no lo hizo por Dalmau.

Como decía un amigo analista: “los números se pueden torturar hasta encontrar el que favorezca tu argumento”. La realidad actual es que la oposición está diluida. El sistema electoral de Puerto Rico, no está confeccionado para múltiples partidos. Está diseñado para un sistema bipartidista. Eso no va a cambiar en el 2024. No existe, ni se aprobará ley que permita alianzas y mucho menos una segunda vuelta, que para lograrse se tendría que enmendar la constitución. Para ambos cambios, Pierluisi tiene la llave y no lo va a soltar pues sabe que la oposición está diluida en su contra tal y cómo está confeccionado el sistema electoral.

Así que el PPD tiene un gran reto; convertirse en la alternativa al gobierno PNP. Sin embargo, se comporta de manera muy similar a los azules, en lugar de ser diferentes. Las expresiones de José Luis Dalmau del domingo 9 de enero, son las muestra más reciente. Él prefirió convertirse en una versión roja de Ñañito, actuando de manera similar, sin dar otro giro al tema.

Así señoras y señores se vive el partidismo en el trópico. ¡Hasta la próxima!.