Al momento de leer estas líneas, ese es el número de días que llevan de confinamiento los jóvenes Erick y Luis Daniel Zapata, una pareja de hermanos puertorriqueños que fueron detenidos en la madrugada del pasado 28 de junio, luego de haber sido señalados por una joven de 17 años como los autores de una violación sexual.

Los días fueron acumulándose y se convirtieron en semanas. Las semanas en meses y no se ve el final del túnel. De una acusación de violación sexual se reclasificó a una agresión sexual, tras no encontrarse evidencia a través de exámenes físicos realizados a la menor.

De igual forma, el relato no está acorde a lo que captaron las imágenes del hotel Barceló, que ubica en el complejo turístico entre Cancún y Playa del Carmen, lugar que albergó el presunto incidente.

Lo último fue que la menor escribió de manera libre y voluntaria, pidiendo desistir de las acusaciones y expresando que no podía recordar bien si los jóvenes boricuas habían sido o no, los autores del denunciado acto.

A pesar de todo esto, el caso no se desestima o se agiliza para verse en su fondo. Las fechas de las vistas se pautan y se cancelan, sin mucha explicación. El sistema judicial permite hasta dos años para ver el caso y, a pesar de los intentos de la supuesta víctima por retirar todo, las autoridades insisten en que seguirán adelante. Claro, uno podría entender que es lo justo, pues no sería la primera vez que alguna víctima se arrepiente de seguir adelante por todo un abanico de razones. De ser así, y la fiscalía contar con evidencia sólida, lo justo sería que bajaran de una vez y por todas con todo el poder de la supuesta evidencia. Pero ello no ocurre.

Los padres de estos menores llevan ya tres abogados titulares de su defensa. Cada uno presentando distintos recursos, sin suerte alguna. Están atrapados por un sistema que no entienden.

Esa inacción es la que ha movido al Grupo de la Organización Mundial por La Paz a intervenir. Llegaron y de inmediato tropezaron con la misma piedra. Tácticas dilatorias, acciones burocráticas y un lento proceso. Aquí la tecnología no vale. No quieren correos electrónicos u otras formalidades. Hemos vuelto a los años 60 o 70, donde se le requiere un papel presencial que deberá contar con la firma de algún u otro fulano. Quemando galones de gasolina, pues la gestión no se puede hacer en un solo lugar y son obligados a visitar distintos centros. Claro, como podrá imaginar, quieren aprovechar la extensión territorial y los envían a centros que están a tres y cuatro horas de distancia.

Mientras esta lucha de papeles se da en los distintos foros, los jóvenes están en un Centro de Detención lleno de personas acusadas. Allí, bajo un mismo techo, está el agresor de violencia de género, el más vil de los asesinos y hasta rateros comunes. No existe división alguna.

La celda donde se encuentran es compartida por los jóvenes y siete personas más. Nueve seres vivos en un espacio no muy grande y donde, al menos tres, tienen que dormir en el piso por falta de camas. Aquí no existe caso Morales Feliciano que valga. Si son muchos, que se resuelvan como puedan.

Ocasionalmente, vacían un poco el lugar moviendo presos a otra prisión que ubica a unas cuatro horas en la jurisdicción de Chetumal. Se nos dijo que los jóvenes no han sido movidos por su ciudadanía y luego de la intervención de la embajada de los Estados Unidos en Quintana Roo, que es el estado que alberga al municipio de Solidaridad que tiene, a su vez, todo el complejo turístico de Playa del Carmen, lugar donde ocurrieron los hechos.

No empece a esa primera intervención, el personal de la embajada no ha hecho nada más. Igual denuncia ha sido levantada contra el Departamento de Estado de Puerto Rico. Según sus padres, prácticamente ya no emiten llamadas para saber que está ocurriendo.

Con esta dosis de soledad, Luis y Mely Zapata Colón viven su tragedia familiar. Un drama que nos ha impactado a todos y que provoca nuestra frase más famosa. ¡Ay bendito, que caso más triste el de esos muchachos!