Habríamos pensado que la equidad para grupos minoritarios y desventajados estaba cada vez más cerca. No perfecta, pero en un buen camino. Sin embargo, las recientes decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ponen una vez más en pie de lucha a los grupos que creíamos especialmente protegidos.

Esta pasada semana el Tribunal Supremo, de composición conservadora, emitió varias decisiones controversiales que impactan programas sociales o que dan retroceso a procesos que estaban encaminados a proveer condiciones equitativas para minorías.

Estas decisiones en particular tendrán un efecto, que en algunos casos lo veremos de inmediato, pero en otros las repercusiones están todavía por verse.

Uno de ellos tiene que ver con la protección de las creencias religiosas que reclamó una artista gráfica que impugnó una ley del Estado de Colorado. En su demanda pidió que el Estado no pueda obligarla a ofrecer servicios para la celebración de un matrimonio gay, porque eso va en contra de sus convicciones. El caso se decidió por el derecho a la libertad de expresión de la demandante, a quien el Tribunal garantizó que no se puede obligar a emitir una expresión, en este caso artística, que es contraria a lo que ella cree. Pero al interior del caso, la motivación -tanto de la demanda como de la decisión- es la religión.

Otro asunto que atendió el Tribunal Supremo fue el proceso de admisión a dos prestigiosas universidades en los Estados Unidos, Harvard y la Universidad de Carolina del Norte. Desde ahora, estas escuelas no podrán tomar en consideración la raza del estudiante para que sea admitido.

El criterio de raza, que no era el único, se utilizó por décadas para asegurar que estas universidades tuviesen una población estudiantil diversa e inclusiva. Esto no solo beneficia a los estudiantes de la raza negra, pero más aun a la propia universidad, en la medida en que provee un estudiantado que aporta su perspectiva al proceso educativo desde distintas realidades.

La alegación que favoreció el tribunal es que esto discrimina contra otros grupos. A partir de este momento, si las universidades quieren un estudiantado diverso y asegurar la inclusión de todos los grupos, tendrán que buscar otros métodos, que no sea tomar en consideración el elemento racial.

Otra de estas decisiones va de forma más directa al bolsillo de sobre 200 mil puertorriqueños que esperaban un alivio en el pago de sus préstamos estudiantiles.

El tribunal derrumbó el programa que propuso el presidente Joe Biden para condonar hasta $20 mil de deuda por estudiante. Esta fue una de las principales promesas de campaña del presidente, pero el Tribunal de mayoría conservadora y nombrada por republicanos, considera que no es una prerrogativa del Ejecutivo tomar ese tipo de medida, con un impacto de sobre $430 mil millones al erario.

Así se esfuman de un plumazo las esperanzas de un alivio que iba directo a grupos menos aventajados, porque el que se endeuda para estudiar, es porque no puede hacerlo de otra forma.

Algunas de estas decisiones requieren un ejercicio de balance, entre derechos que se enfrentan y esa evaluación nunca es fácil. Pero las decisiones al final se tomaron siguiendo una vieja máxima, que dice que “la soga siempre parte por lo más fino”.

Son las minorías las que están otra vez expuestas al discrimen, son los pobres los que tienen que luchar el doble para alcanzar la superación que les han hecho creer que es posible. Decisiones, a mi entender, desafortunadas, que nos enseñan que las conquistas nunca son definitivas y que la equidad y la justicia son una lucha que no termina.