El terreno del barrio Playa de Santa Isabel donde está ubicada la rampa pública que cerró el alcalde Enrique Humberto Questell Alvarado en enero pasado, pertenece al pueblo y debe ser reabierto a la ciudadanía.

Así concluye la investigación realizada por la Comisión Especial de la Legislatura Municipal santaisabelina que fue creada en marzo para investigar la titularidad y acceso a los terrenos del área del Club Náutico.

Esto luego de que varios pescadores denunciaran que el alcalde había clausurado el área a principios de este año, aduciendo primero a razones de seguridad y luego al insistir que la zona en conflicto pertenece a su empresa Aquamak desde 1984.

Cabe destacar que el ejecutivo municipal presidió esa compañía hasta el 2016 y el año siguiente la pasó a manos de sus hijas, Arlene y Eileen Questell Aguirre.

Sin embargo, el informe final de la comisión especial presentado al pleno del cuerpo legislativo a mediados de esta semana destapa un esquema atribuido a Questell Alvarado para quedarse con la zona que colinda con sus negocios privados.

“Esta comisión, a punto de rendir su informe final encuentra una serie de hallazgos que confirman que los terrenos que están en el área de la rampa municipal pertenecen al Municipio de Santa Isabel. Con toda la evidencia documental y testimonial que hemos recopilado, nosotros encontramos que los terrenos donde están la rampa y la plazoleta son públicos y que desde 1958 ya el Municipio de Santa Isabel había registrado el terreno en el CRIM”, afirmó el presidente de la comisión especial, Moisés Marrero Reyes.

“Ante la dificultad que se presenta por un conflicto de interés entre el alcalde y Aquamak, habiendo sido presidente desde 1984 hasta el 2017 y actualmente la presidenta es a la misma vez la primera dama del Municipio de Santa Isabel, le corresponde a la Legislatura Municipal reclamar estos terrenos”, admitió Marrero Reyes.

El organismo creado para evidenciar la titularidad del terreno en conflicto, lo integran siete legisladores municipales del Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño, quienes desde el 28 de marzo realizaron un estudio minucioso que incluyó testimonios, documentos, mapas oficiales, declaraciones juradas, ordenanzas municipales, entrevistas a exalcaldes y expresidentes de la Legislatura Municipal, entre otros.

Entre los 19 hallazgos presentados en el informe oficial, resalta que “el honorable Questell Alvarado utilizó su puesto para influir en la adquisición de unos terrenos municipales gestión que lo beneficiaba en su carácter personal, constituyendo una violación a la Ley de Ética Gubernamental”.

El documento resalta la intervención de la exdirectora del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) en Santa Isabel, quien aparentemente fue inducida por el alcalde para agrupar los catastros aledaños al Aquarium, incluyendo el área de la rampa, cambiando el mapa de la zona a favor del alcalde en su carácter privado.

“El honorable Questell Alvarado utilizó una empleada de confianza para adelantar gestiones personales más allá de las responsabilidades establecidas mediante leyes y reglamentos, constituyendo otra violación a la Ley de Ética Gubernamental. Existe evidencia de que el honorable Questell Alvarado realizó gestiones y evadió responsabilidades con respecto a sus obligaciones con el CRIM”, según se expone en el documento oficial.

“En dicho esquema el alcalde era respaldado por una empelada de confianza y personal de alto rango de la Oficina Regional del CRIM en Ponce.  Recordemos que Questell Alvarado durante los últimos años se ha desempeñado como miembro de la Junta de Directores del CRIM, teniendo acceso a ciertos poderes y privilegios. Entendemos que esto constituye una violación a los reglamentos del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales”, agrega el informe.

De acuerdo con Marrero Reyes, luego de haber estudiado el asunto y concluir que el terreno le pertenece al Municipio de Santa Isabel, la comisión recomienda la apertura inmediata del área para beneficio de la ciudadanía.

“El alcalde tiene que reconstruir las facilidades y ponerlas a la disposición del pueblo porque ese terreno es propiedad del municipio y las facilidades fueron construidas con fondos estatales, municipales y federales en el 1996.  Nosotros nos vamos a unir a cualquier foro o a cualquier grupo que esté afectado con el cierre de esta rampa, los vamos a apoyar y vamos a poner a su disposición la información adquirida por esta comisión”, reveló.

Asimismo, afirmó que referirán el informe a las agencias pertinentes para que tomen cartas en el asunto.

 “La comisión tiene la obligación de referir este informe al pleno de la Legislatura Municipal, y al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor, el Panel del Fiscal Especial Independiente, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el Departamento de Transportación y Obras Públicas”, apuntó el legislador municipal afiliado al PNP.

La comisión especial citó a Questell Alvarado en varias ocasiones, pero este no acudió ni tampoco se excusó. Al cierre de esta edición, el alcalde de Santa Isabel no había respondido a nuestro requerimiento de entrevista.