Al menos cinco de las siete féminas asesinadas por sus parejas o excónyuges este año, vivían en la zona entre Cabo Rojo y Ponce; reportándose aproximadamente una muerte por mes.

El primer crimen ocurrió en enero cuando Pedro Ángel González mató a puñaladas a su esposa Yashira Serra Santiago, de 31 años, en un trágico incidente registrado en Hormigueros donde también resultó herida su hija de ocho años.

Mientras que, en marzo, una adolescente de 13 años identificada como Yomaira Hernández fue rociada con gasolina y prendida en fuego por su novio Wilson Javier Meléndez en Cabo Rojo. Aunque batalló por su vida, Yomaira falleció el Día de las Madres en el Hospital Pediátrico de Río Piedras. 

Para abril, vecinos del barrio Santo Domingo de Peñuelas lloraban una tragedia registrada el Lunes Santo, cuando Celestino Rosario de 60 años asesinó a su pareja María Rosa Alvarado de 45 años y luego se suicidó.

8 Fotos

En mayo, Roselly Cintrón Torres perdió la vida a manos de su cónyuge José Román Cintrón, ambos de 39 años, en su hogar ubicado en el sector Ciénaga de Yauco, en presencia de su hijo de 13 años que estaba encamado por discapacidad.

El asesinato más reciente se reportó el pasado sábado en la urbanización Sombras del Real en Ponce, cuando Javier José Acevedo Rodríguez acuchilló a su expareja, la tecnóloga médica y empresaria Lourdes del Carmen Cuevas Natal. 

La situación ha levantado una marejada de cuestionamientos que nuevamente ponen al relieve la estructura creada para proteger a las víctimas a través de la Ley 54, sobre todo, ya que Cuevas Natal contaba con una orden de protección. 

Para la coordinadora del Programa Esperanza para la Familia del Departamento de Salud Municipal de Ponce, Emily Rivera Rivera, los crímenes reportados en esta zona son producto de varios factores, entre estos, la falta de una Sala Especializada de Violencia Doméstica, la carencia de un albergue para las víctimas en una franja entre Caguas a Hormigueros y la ausencia en los servicios que se ofrecen a esta población.

“La zona sur y este están más desatendidas, hay menos programas de prevención, hay menos servicios para las víctimas, en muchas áreas del sur, sobre todo, rurales, tenemos cuarteles con uno o dos policías y los policías no solamente van a atender violencia doméstica, tenemos que entender eso, tienen un sinfín de situaciones del crimen”, denunció Rivera Rivera.

Según las estadísticas de la Policía de Puerto Rico hasta marzo de este año, las zonas de Guayama, Ponce y Mayagüez reportaron en conjunto 121 incidentes de violencia doméstica; 110 en mujeres y 11 víctimas varones.

Las querellas produjeron 76 arrestos de los cuales a 60 se le sometieron cargos, pero ninguno ha resultado convicto.

“Al no haber muchos policías y no haber quien trabaje estos casos en ocasiones, vemos que muchos casos no fueron reportados, porque el proceso es tan largo, tedioso, pasan por tantas entrevistas, muchas veces los procesos no son los adecuados, no se hacen los protocolos con la empatía que se deberían hacer”, detalló la coordinadora del Programa Esperanza para la Familia en Ponce.

“Las personas que experimentan sucesos de violencia no quieren pasar por un proceso que las revictimice, es un trauma sobre otro, no se sienten apoyadas. Y si anteriormente ya habían reportado un caso y habían pasado por todo ese proceso tan tedioso, en una segunda ocasión optan por tratar de resolver de alguna u otra manera y nos dicen ‘yo no voy a pasar por eso otra vez, yo no voy a volver al tribunal a lo mismo”, declaró.

Rivera insistió en que se debe trabajar con el Sistema Judicial, la Policía y la comunidad.

“En alguna parte se nos detiene el proceso y entonces tenemos víctimas que no quieren cooperar, no quieren declarar, no quieren pasar por el proceso y se callan, regresan al hogar con los agresores o agresoras, y también tenemos el proceso detenido en donde hay muchos policías que no hacen los procesos correctamente, no quieren someter las violaciones a las órdenes de protección, no consultan con Fiscalía como se supone y toman ellos la decisión de que aquí no hay fundamentos y seguimos adelante”, cuestionó.

“Muchas veces se detienen también, que es más frustrante, después que la persona decide declarar, toma el valor, se enfrenta al proceso, policía hace querella, arrestan, pasan horas en todo el proceso y llegan ante el juez y se le da ‘no a lugar’ por tecnicismos o porque muchas veces se les permite a los abogados revictimizar”, argumentó.

La especialista en casos de violencia doméstica urgió a agilizar la Sala Especializada en Violencia Doméstica para Ponce, parte de la Raqma Judicial, que anunciaron a principios de 2019, ya que el proceso está estancado en alguna parte.

Por su parte, la doctora Waleska Torres Gutiérrez, otrora facilitadora de Casa Protegida Julia de Burgos en Ponce, urgió una nueva revisión de la Ley 54 del año 1989, especialmente al proceso de implementar una orden de protección ya que generalmente revictimiza a la persona.

“La Ley del 89 hay que enmendarla para establecer claramente cuál va a ser el proceso entre la policía, la víctima y el agresor, porque como está establecida, la víctima es quien debe encargarse de decirle a la gente que tiene una orden de protección y muchas veces la víctima no completa el procedimiento y se mantiene callada por la vergüenza de tener que estar diciéndole a todo el mundo que ella tiene una orden de protección”, manifestó Torres Gutiérrez.

“Sabemos que, en las empresas de Puerto Rico, públicas y privadas, hay protocolo para intervenir con estos casos, pero en las escuelas no. Si los niños no están contemplados en la orden que se expide hay que notificar a la escuela, porque si no hay un documento que diga que el agresor no puede acercarse ahí la víctima y sus hijos quedan desprotegidos”, lamentó la otrora facilitadora de casos.

Para José Alberto Suárez Hernández, escuchar que asesinan a una mujer por incidentes de violencia doméstica significa revivir lo que le pasó a su hija, Arelis Suárez Santiago en enero del 2017.

La muchacha fue asesinada por su expareja Félix Ramos Domínguez en el interior de su residencia en la comunidad Cristina de Juana Díaz, a pesar de haber tenido varias órdenes de protección.

“Una orden de protección no es lo mejor para proteger a la víctima, según mi experiencia, porque veo que es un documento, un papel que da el sistema que no la protege. Viví eso con mi nena y varias órdenes de protección que tuvo y no entiendo por qué no se encarceló o se procesó a esta persona siendo ya un reincidente porque él tenía otro caso de maltrato con una expareja en Cataño”, confesó Suárez, portavoz del Movimiento Detente, no más violencia.

“Yo no creo en el sistema sinceramente, hay algo que hay que acelerar, poner en práctica, porque solamente se le está dando una orden de protección y con eso no salvan vidas. Pienso que el Estado tiene que ser más riguroso y enfatizar más, no solamente con una orden sino ver el caso más a fondo”, apuntó Suárez.

Si usted es víctima de violencia doméstica debe pedir ayuda, no arriesgue su vida ni la de sus hijos. Puede llamar al Programa Esperanza para la Familia, 787-812-8200, 787-213-2937 y 787-213-3752.