WASHINGTON. Fiscales federales acusaron a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de mentir a los investigadores sobre los hechos que condujeron al tiroteo de un venezolano durante la ofensiva migratoria en Minneapolis a principios de este año, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto.

Christian Castro, el agente que, según las autoridades, le disparó en la pierna a Julio Cesar Sosa Celis en enero, ha sido acusado de hacer declaraciones falsas a investigadores federales, de acuerdo con la persona, que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre la investigación y declaró bajo condición de anonimato.

Los cargos federales, que permanecen sellados, se presentan después de que Castro saliera de la cárcel la semana pasada, luego de que el gobernador de Texas se negara a firmar de inmediato una orden de extradición para entregarlo a las autoridades de Minnesota, que lo han acusado por separado de agresión y de presentar un informe falso de un delito relacionado con el mismo tiroteo.

Las autoridades federales habían acusado inicialmente a Sosa Celis y a otro hombre de golpear a un agente con el palo de una escoba y una pala para nieve durante el enfrentamiento. Pero los fiscales federales retiraron los cargos contra los hombres después de que se demostrara, mediante pruebas en video, que los agentes podrían haber mentido sobre el incidente, y las autoridades abrieron una investigación.

Los cargos se derivan de un tiroteo no mortal durante la Operación Metro Surge

Castro es el primer agente federal de inmigración procesado por el gobierno de Trump en relación con acciones tomadas durante la masiva Operación Metro Surge en las Ciudades Gemelas de Minneapolis y St. Paul, iniciada en enero de 2026. No figura ningún abogado para Castro en el caso presentado por Minnesota y hasta el momento se ignora si tenía un representante legal que hablara en su nombre.

Miles de agentes fueron enviados al área de Minneapolis y St. Paul por el Departamento de Seguridad Nacional en lo que ha sido su mayor operación de control migratorio hasta la fecha. Las muertes por disparos de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales provocaron una condena generalizada y plantearon preguntas sobre la conducta de los agentes, lo que llevó a realizar cambios en la operación.

A principios de esta semana, un fiscal federal que trabajaba en el caso le dijo a los abogados de Sosa Celis y de otras víctimas que autoridades del Departamento de Justicia bloquearon el intento del fiscal de presentar un cargo más grave por derechos civiles contra el agente por el tiroteo, informó ProPublica el miércoles.

Pero la persona familiarizada con la investigación cuestionó la descripción del fiscal, al señalar que la pesquisa por derechos civiles continúa y que no se ha tomado una decisión final sobre si se presentarán cargos adicionales. El fiscal, Matthew Evans, fue despedido y ahora está bajo investigación por presunta obstrucción de una pesquisa de un jurado investigador, dijo la persona.

El fiscal está suspendido del cargo, de acuerdo con una respuesta automática por correo electrónico del Departamento de Justicia. Hasta el momento, otros intentos de comunicarse con él no han tenido éxito.

Un abogado de Sosa Celis dijo que el Departamento de Justicia ha “acusado de manera groseramente insuficiente este caso”, y agregó que las declaraciones de Castro se hicieron para “encubrir el hecho de que le disparó a mi cliente a través de la puerta de una casa ocupada sin una justificación de defensa propia”.

“El señor Sosa Celis quiere que el señor Castro sea considerado plenamente responsable por sus delitos”, dijo la abogada, Robin Wolpert. La Unión Americana de Libertades Civiles de Minnesota dijo el jueves que Sosa Celis también planea solicitar una indemnización por daños y perjuicios al gobierno federal.

Castro también enfrenta cargos en Minnesota

Castro fue arrestado inicialmente en mayo en el caso de Minnesota, y permaneció detenido bajo custodia en Brownsville, Texas, una ciudad fronteriza con México, mientras las autoridades de Minnesota buscaban su extradición. Pero el gobernador de Texas, Greg Abbott, se negó a aprobarla de inmediato, citando investigaciones en curso sobre fraude en programas gubernamentales de servicios sociales en Minnesota, que Trump utilizó para justificar su ofensiva migratoria el estado.

Autoridades de Minnesota habían intentado impedir que el jefe policial del condado de Cameron, Texas, liberara a Castro, por temor a que huyera a México. Según una demanda presentada por Minnesota, Castro tuvo una conversación con una mujer, mientras estaba encarcelado, en la que habló de casarse con ella y comprar una casa en México después de su liberación.

Pero Castro fue liberado hace una semana después de que un juez federal se negara a ordenar a Texas que lo extraditara.

El Departamento de Seguridad Nacional calificó previamente el procesamiento de Castro por parte de Minnesota como “ilegal y nada más que una maniobra política”, al afirmar que sólo las autoridades federales tienen jurisdicción en el caso.

Castro fue suspendido del ICE sin goce de sueldo en febrero mientras las autoridades federales realizaban la investigación.

“Los hombres y mujeres del ICE tienen la misión de hacer cumplir el estado de derecho y se les exigen los más altos estándares de profesionalismo, integridad y conducta ética”, dijo el director interino del ICE en ese momento, Todd Lyons. “No se tolerarán violaciones de este sagrado juramento. El ICE sigue plenamente comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación justa de las leyes de inmigración de nuestra nación”.

Autoridades de Minnesota alegaron que Castro, de 52 años, disparó a través de la puerta principal de una vivienda y le disparó a Sosa Celis en el muslo.

Castro y otro agente habían perseguido a un hombre distinto, Alfredo Alejandro Aljorna, hasta el dúplex de apartamentos en Minneapolis donde él y Sosa Celis vivían. Los fiscales de Minnesota dijeron que el agente luego acusó falsamente a Sosa Celis y a otro hombre de atacar a un agente del ICE con el palo de una escoba y una pala para nieve.

Hasta el jueves, ni los abogados de Sosa Celis ni los de Aljorna han respondido a correos electrónicos enviados por la AP.