Denver. Un fiscal de Colorado informó el miércoles que un agente de inmigración fue acusado de agresión en tercer grado y daños criminales tras una investigación sobre el trato a una manifestante a la que se ve sometida mediante una llave de estrangulamiento.

Varios videos muestran a un agente federal enmascarado colocando a Franci Stagi en lo que ella describió como una llave de estrangulamiento y arrastrándola hacia el otro lado de la calle. Colorado se encuentra entre varios estados que han prohibido o limitado severamente el uso de llaves de estrangulamiento por parte de policías desde la muerte de George Floyd en 2020.

Las protestas se produjeron por la detención, el 27 de octubre, de tres solicitantes de asilo colombianos, un hombre y dos niños, cuando iban y volvían de la escuela por la mañana. A finales de octubre, un grupo de manifestantes se reunió afuera de una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Durango, una ciudad universitaria y destino para actividades al aire libre en las montañas San Juan, en el suroeste de Colorado.

El altercado comenzó cuando Stagi grababa al agente, que trasladaba equipo de campamento que había quedado cerca de la entrada con reja del edificio. Ella contó a The Associated Press en ese momento que el agente le golpeó con fuerza la mano, ya fuera para quitarle el teléfono o hacer que se le cayera.

Stagi, una hipnoterapeuta jubilada, relató que tocó el hombro del agente para llamar su atención y que luego él la agarró del cabello, le sujetó el cuello con el pliegue de su brazo y la llevó al otro lado de la calle tirando de su cabeza. Afirmó que él la arrojó por un terraplén junto a la calle.

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) no respondió a preguntas sobre los cargos. Los documentos judiciales no indicaban que algún abogado representara al agente, Nicholas Rice.

La Oficina de Investigaciones de Colorado inició su propia investigación a solicitud del jefe del Departamento de Policía de Durango, Brice Current, quien expresó su preocupación por posibles violaciones de la ley estatal, una solicitud inusual, posiblemente sin precedentes.

Las llaves de estrangulamiento están en el centro del discurso público y de iniciativas legislativas estatales sobre qué constituye un uso no razonable de la fuerza desde que Eric Garner murió en Nueva York en 2014 después de que un policía blanco le aplicó una llave de estrangulamiento.

Las últimas palabras de Garner, “No puedo respirar”, se convirtieron en un grito de protesta para el movimiento Black Lives Matter.

Aunque algunos estados han prohibido los torniquetes y otras tácticas, los cambios de gran alcance encontraron resistencia.

Un paquete federal de reformas que habría prohibido las llaves de estrangulamiento en todo el país fue aprobado por la Cámara de Representantes en 2021, pero no logró llegar al escritorio del entonces presidente Joe Biden. El proyecto de ley fue nombrado en honor de Floyd, quien murió en Minneapolis en mayo de 2020 después de que un policía blanco le presionó el cuello con la rodilla.

En el plazo de un mes tras la muerte de Floyd, los legisladores de Colorado aprobaron una prohibición de las llaves de estrangulamiento como parte de una legislación más amplia de reforma policial. La ley anuló restricciones más limitadas sobre dichas maniobras que se habían implementado cuatro años antes.