La alcaldesa boricua de Kissimmee, Jackie Espinosa, podría enfrentar hasta 30 años de prisión por el presunto uso indebido de fondos públicos destinados a ayudar a pequeños negocios afectados por el COVID-19, según informaron funcionarios de Florida este miércoles.

Eva Jacqulyn Espinosa, de 58 años, enfrenta un cargo de hurto agravado, un delito grave de segundo grado, y otro por un esquema para defraudar, un delito grave de primer grado, explicó en conferencia de prensa el jefe financiero de Florida, Blaise Ingoglia.

La investigación se centró en el programa municipal Business Boost 2.0, creado para ofrecer ayudas económicas a pequeños negocios, bajo la ley federal American Rescue Plan.

Según Ingoglia, una auditoría rutinaria de varios gobiernos locales y sus programas de subvenciones relacionados con la pandemia detectó presuntas irregularidades en la concesión de fondos en Kissimmee.

Las pesquisas apuntaron a que la alcaldesa podría haber usado su posición oficial para influir en la distribución de las ayudas.

Negocios de su familia recibieron $90,000

Ingoglia detalló que siete negocios ubicados en propiedades que pertenecen a la familia de Espinosa o son administradas por esta recibieron un total combinado de $90,000 en subvenciones.

De esa cantidad, $50,000 fueron destinados directamente a negocios de la alcaldesa, mientras que otros $40,000 llegaron a inquilinos de sus negocios.

Durante la investigación, los auditores también encontraron que Espinosa presuntamente solicitó las ayudas en nombre de los negocios de su familia.

Habría solicitado ayudas para ella y familiares

Espinosa asumió como alcaldesa en noviembre de 2024. Poco después, impulsó y votó a favor de crear y ampliar el programa Business Boost 2.0.

Según la investigación, en septiembre de 2025, el mismo día en que abrió el periodo para solicitar las ayudas, Espinosa y sus familiares presuntamente solicitaron un total de $50,000 para tres negocios que poseían o controlaban.

Las solicitudes fueron aprobadas y el dinero se depositó el 7 de noviembre de 2025 en cuentas vinculadas a la familia Espinosa.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, explicó que la evidencia apunta a una posible intención de incurrir en un conflicto de intereses y utilizar el cargo público para beneficiarse económicamente. También alegó que Espinosa buscó crear y simplificar un proceso con menos supervisión que facilitara que ella y sus familiares inmediatos solicitaran y recibieran fondos municipales para los que, según las autoridades, no eran elegibles.

“Los funcionarios públicos no pueden establecer las reglas y luego extenderse un cheque a sí mismos”, arremetió Uthmeier.

El 5 de diciembre de 2025, el abogado de la ciudad de Kissimmee notificó a Espinosa que recibir los fondos representaba un conflicto de intereses prohibido. Según las autoridades, se le pidió que devolviera el dinero, pero presuntamente se negó y advirtió que combatiría cualquier denuncia en su contra. Tampoco tomó medidas para corregir la situación.

Posteriormente, los registros bancarios confirmaron los depósitos.

Tras su arresto, la defensa de Espinosa, en declaraciones recogidas por WESH 2 News, sostuvo que la alcaldesa mantiene su inocencia y aseguró que impugnará los cargos en los tribunales.

“La fiscalía debe demostrar que la alcaldesa actuó con intención delictiva. Sostenemos firmemente que no lo hizo. Existe una diferencia fundamental entre una presunta violación ética y un delito penal. El Estado no puede convertir una en el otro sin probar cada elemento de un delito más allá de toda duda razonable”, manifestó la defensa.

La investigación conjunta estuvo a cargo del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, en inglés) y la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Servicios Financieros de Florida.