Un alto funcionario de Florida señaló que el controvertido centro estatal de detención de inmigrantes en los Everglades probablemente quedará vacío en cuestión de días, mientras los gobiernos estatal y federal impugnan la orden de una jueza de cerrar la instalación conocida como “Alcatraz de los Caimanes” a más tardar a finales de octubre. Esto de acuerdo con un intercambio de correos electrónicos al que The Associated Press tuvo acceso.

En un mensaje enviado el 22 de agosto al rabino Mario Rojzman relacionado con la prestación de servicios de capellanía en la instalación, el director general de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, dijo: “Probablemente quedaremos reducidos a 0 individuos dentro de pocos días”. Rojzman y el asistente ejecutivo que envió el correo electrónico original a Guthrie confirmaron la veracidad de los mensajes a la AP el miércoles.

Un portavoz de Guthrie, cuya agencia ha supervisado la construcción y operación del lugar, no respondió de momento a un mensaje en busca de comentarios.

El centro de detención se construyó rápidamente hace dos meses con el objetivo de albergar hasta 3,000 detenidos como parte del impulso del presidente Donald Trump para deportar a personas que están en el país ilegalmente. En un momento dado, albergó casi 1,000 detenidos, pero el legislador federal Maxwell Frost, demócrata de Florida, aseguró que le informaron durante una visita la semana pasada que solo quedaban entre 300 y 350 detenidos. Se han presentado tres demandas impugnando las prácticas en el centro de detención, incluida una que estimaba que al menos 100 detenidos ya fueron deportados. Otros han sido transferidos a otros centros de detención de inmigrantes.

La noticia de que el último detenido en “Alcatraz de los Caimanes” podría abandonar la instalación en cuestión de días llegó menos de una semana después de que una jueza federal en Miami ordenó al centro de detención reducir sus operaciones, y que el último detenido debía abandonar la instalación dentro de los siguientes 60 días. El estado de Florida apeló la decisión, y el gobierno federal pidió a la jueza de distrito, Kathleen Williams, que suspenda su orden mientras se resuelve la apelación, argumentando que las miles de camas dentro del lugar son sumamente necesarias debido a la sobrepoblación en las instalaciones de detención en Florida.

Los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, cuya demanda llevó al fallo de la jueza, se opusieron a la solicitud. Cuestionaron que la instalación fuera necesaria, especialmente cuando Florida planea abrir un segundo centro de detención de inmigrantes en el norte del estado al que el gobernador Ron DeSantis ha apodado “Depósito de Deportación”.

Hasta el miércoles, Williams no había emitido una decisión sobre la solicitud de suspensión.

La jueza destacó en su orden que anticipa que la población dentro del centro de detención se reduzca en los siguientes 60 días, transfiriendo a los detenidos a otras instalaciones, y una vez que eso suceda, se deberían retirar el cercado, la iluminación y los generadores.

Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee argumentaron en su demanda que se debía detener la construcción y las operaciones adicionales hasta que las autoridades federales y estatales cumplieran con las leyes ambientales federales. Su demanda afirmaba que la instalación ponía en riesgo humedales sensibles que son hogar de flora y fauna protegida y revertiría miles de millones de dólares invertidos a lo largo de varias décadas en restauración ambiental.

A finales de julio, los funcionarios estatales ya habían firmado más de 245 millones de dólares en contratos para la construcción y operación de la instalación en un aeropuerto de entrenamiento de una sola pista poco utilizado en medio de los escarpados y remotos Everglades. El centro se inauguró oficialmente el uno de julio.

En sus demandas, abogados de derechos civiles describieron “problemas graves” en la instalación que eran “previamente desconocidos en el sistema de inmigración”. Los detenidos estaban siendo retenidos durante semanas sin cargos, habían desaparecido del localizador de detenidos en línea del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y nadie en la instalación estaba tomando decisiones iniciales de custodia o fianza, dijeron.

Los detenidos también describieron que aparecían gusanos en la comida, inodoros que no descargaban, pisos inundados con desechos fecales, y mosquitos y otros insectos por todas partes.