Nueva York. Las autoridades estadounidenses añadieron el jueves nuevos cargos de tortura a su caso contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, aumentando la presión sobre el derrocado líder autoritario que ya enfrenta acusaciones por narcotráfico.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes previamente fueron acusados de participar en una conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos, ahora también enfrentan acusaciones de violaciones de derechos humanos durante su mandato como gobernante de la nación sudamericana rica en petróleo.

La acusación “alega una conducta que es verdaderamente impensable”, declaró fuera del tribunal el fiscal federal Jamie McDonald. Indicó que miles de venezolanos, y algunos estadounidenses, fueron torturados para mantener en el poder a Maduro y Flores.

“Esto es el epítome de la corrupción”, señaló McDonald.

Maduro, aduro, según la denuncia, autorizó métodos de tortura, solicitó y recibió actualizaciones sobre el trato a víctimas específicas, vio un video de una confesión forzada y amenazó personalmente con matar al hijo de un preso “como una forma de tortura psicológica”.

Flores, exlegisladora y ex procuradora general, ayudó a desarrollar el sistema represivo y ordenó la tortura de algunas personas específicas, sostiene la acusación formal.

Se envió un mensaje en busca de comentarios al abogado de Maduro. El abogado de Flores dijo que aún no había tenido tiempo de revisar las nuevas acusaciones.

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Ambos se han declarado inocentes en la causa penal por narcotráfico iniciada hace años en su contra y en la de numerosos supuestos colaboradores. Sus abogados han pedido que el caso sea desestimado con el argumento de que tienen inmunidad como líder y primera dama de un país extranjero.

Ya se enfrentaban a posibles condenas de cadena perpetua si son declarados culpables.

Maduro, quien se desempeñó como presidente de Venezuela desde 2013 hasta su captura en enero, ha estado bajo investigación durante años por la Corte Penal Internacional por acusaciones de crímenes de lesa humanidad, vinculadas a su represión contra opositores. Siempre ha negado haber cometido irregularidades.

Maduro y Flores han estado encarcelados en Nueva York desde principios de enero, cuando fuerzas los sacaron de su casa en Caracas en una redada en plena noche. Los abogados de Flores instaron sin éxito a un juez el jueves a liberarla bajo arresto domiciliario.

Fuera del tribunal, más de una docena de manifestantes corearon consignas y sostuvieron carteles en apoyo a su solicitud.

Presuntas víctimas incluyeron a ciudadanos estadounidenses

La acusación formal revisada incluye varias menciones de la participación de la temida agencia de inteligencia militar DGCIM, que estuvo dirigida durante muchos años por uno de los coacusados de Maduro, el general Hugo Carvajal. Se distanció de Maduro hace años, se declaró culpable el año pasado de cargos de narcotráfico en Nueva York y se ha ofrecido a testificar contra su antiguo jefe.

Aunque la acusación formal no nombra a las presuntas víctimas de tortura, tres son descritas como ciudadanos estadounidenses. Uno de esos estadounidenses fue golpeado con puños, sometido a descargas eléctricas y obligado a comer su propio vómito durante ocho meses de encarcelamiento, dice la acusación. Otro fue golpeado tan brutalmente que necesitó una larga estancia hospitalaria y le metieron un arma en la boca. Un tercero fue esposado, según el expediente, encapuchado y golpeado durante dos días cada media hora, sufriendo una lesión ocular permanente.

Maduro ha ignorado demandas presentadas en tribunales estadounidenses por estadounidenses que alegaron que fueron golpeados mientras estaban bajo custodia en Venezuela.

Entre quienes demandaron está Matthew Heath, un ex cabo de la Infantería de Marina de Tennessee. Fue arrestado en un retén en Venezuela en 2020 y permaneció detenido durante más de dos años.

En mayo, Heath y otro ex prisionero obtuvieron una sentencia de 300 millones de dólares contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos por supervisar un patrón de tortura. La demanda, presentada bajo una ley federal antiterrorista, incluyó acusaciones de submarino, electrocución, amenazas de violación con un palo, administración de medicamentos que alteran la mente y el uso repetido de una celda estrecha apodada “El Tigrito”.

“Es increíble ver a un dictador en un tribunal”, dijo Heath el jueves al enterarse de los nuevos cargos. “El procesamiento de Maduro hará más para prevenir el secuestro de estadounidenses por regímenes rebeldes que cien comunicados de prensa de las Naciones Unidas”.

Juez rechaza pedido de liberar a ex primera dama

Mientras tanto, los abogados de Flores argumentaron que Flores, de 69 años, tiene problemas médicos que no pueden tratarse eficazmente en la cárcel. Sus abogados dicen que ha perdido 25 libras (11 kilogramos) mientras estaba encarcelada en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, que podría haber sufrido un infarto menor en julio, que tiene “mareos persistentes, vértigo y falta de aire” y que podría necesitar una cirugía cardíaca.

También dijeron que sufrió cicatrices permanentes cuando fue “arrojada contra una pared o una cómoda” durante su captura.

Los fiscales se opusieron a la solicitud de libertad bajo fianza, diciendo que Flores es un “riesgo extremo de fuga” y que ha sido trasladada para recibir tratamiento en un hospital local cuando se necesitó atención.

El juez Alvin Hellerstein denegó la solicitud de Flores. Señaló, entre otras cosas, que ella no está dispuesta a someterse a un cateterismo en la cárcel para determinar la causa de sus problemas cardíacos y los pasos apropiados para el tratamiento.

También rechazó la idea de que su presión arterial alta fuera potencialmente mortal, señalando que ya está tomando medicamentos para eso.

El gobierno del presidente Donald Trump ha defendido la redada para capturar a Maduro como una “operación quirúrgica de aplicación de la ley”. Maduro se ha llamado a sí mismo un prisionero de guerra y ha calificado su captura como un secuestro.