Quito. El presidente Daniel Noboa anunció el lunes inversiones por 230 millones de dólares para la compra de equipamiento militar y de tecnología para enfrentar al crimen organizado y rastrear capitales ilícitos no sólo del narcotráfico sino también posibles vínculos con la política en Ecuador.

En la inauguración de la Conferencia Internacional sobre Drogas Sintéticas, el mandatario afirmó que “no nos vamos a detener porque esta guerra no es sólo contra un producto, sino contra un sistema” y dijo que las actividades ilícitas destruyen “familias y amenazan nuestra seguridad”.

Añadió que seguirá equipando y fortaleciendo a la policía y a los integrantes de las Fuerzas Armadas y que el país sudamericano necesita “inteligencia compartida, intercambio de información y un control estricto de sustancias”.

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“Mientras Ecuador se esfuerza” para combatir estos delitos en la frontera “otros países no muestran reciprocidad y no actúan con firmeza”, señaló en aparente alusión a Colombia, país con el cual hay una guerra de aranceles derivada de la falta de colaboración para combatir el crimen organizado, según se ha quejado Ecuador.

El gobierno ecuatoriano impuso la semana pasada aranceles del 30% a todos los productos colombianos aduciendo la falta de presencia del Estado en la zona limítrofe para combatir el narcotráfico y las bandas criminales. Colombia, que negó la acusación, reaccionó con una medida similar poco después.

Poco antes, en una cadena nacional, el gobierno anunció un plan de seguridad para este año que integra el control territorial con inteligencia e identifica los flujos de dinero ilícito que, de acuerdo con organismos internacionales y el gobierno, podrían estar contaminando la administración pública y actores políticos. No se ofrecieron nombres ni detalles.

La actividad de bandas criminales ligadas al narcotráfico, la minería ilegal, secuestros y extorsión, empezó hace casi un lustro en Ecuador y su desbordado crecimiento obligó a Noboa a declarar en enero de 2024 el estado de conflicto armado interno y enlistar a 22 organizaciones como “terroristas”. Algunos de sus principales líderes han sido capturados.

El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con más de 9,200 asesinatos, según cifras oficiales. La inseguridad y la criminalidad asedian a la nación sudamericana desde hace un lustro debido a la expansión de bandas locales aliadas con cárteles transnacionales, con el subsecuente uso de los puertos ecuatorianos para el traslado de drogas.

Los anuncios de las autoridades se produjeron horas después del asesinato a balazos de ocho personas en la provincia de Manabí, en el centro costero de Ecuador.

El coronel Jaime Salgado, jefe subrogante de la policía en Manta, dijo el lunes a periodistas que además de las víctimas mortales otras siete personas quedaron con heridas, algunas muy graves, y que los ataques se produjeron la noche del domingo en acciones separadas que se extendieron por casi tres horas.

Precisó que “entre los indicios balísticos se encontró munición de nueve milímetros y otras de calibre militar”, que están bajo análisis de los investigadores para determinar una eventual conexión entre los tres hechos. Do de ellos se registraron en la población de Montecristi y otro en el puerto de Manta, a 257 kilómetros al suroeste de la capital.

Desde el 1 de enero la provincia de Manabí se encuentra bajo estado de excepción —lo que permite la acción conjunta de policías y militares— por orden de Noboa.