El lunes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció los últimos ataques en una serie de operaciones contra barcos acusados de transportar drogas, que dejaron seis personas muertas en ataques a dos embarcaciones en el océano Pacífico oriental.

Los ataques dobles del domingo elevan el número total de operaciones conocidas a 19 y la cifra de muertos a al menos 75 personas desde que la administración Trump lanzó una campaña contra el tráfico de drogas en aguas sudamericanas, que muchos consideran una táctica de presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Se sabía mediante nuestra inteligencia que estas embarcaciones estaban asociadas con el contrabando ilícito de narcóticos, estaban transportando drogas y transitaban por una ruta conocida de narcotráfico”, publicó Hegseth en las redes sociales.

La administración Trump no ha presentado pruebas que respalden sus afirmaciones, y legisladores, incluidos republicanos, han exigido más información sobre quiénes son los objetivos y la justificación legal de los ataques.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y Hegseth se reunieron la semana pasada con un grupo bipartidista de legisladores que supervisa asuntos de seguridad nacional, proporcionando una de las primeras miradas de alto nivel sobre la justificación legal y la estrategia detrás de los ataques.

Aunque los demócratas dijeron que no era suficiente, los republicanos del Senado votaron un día después para rechazar una legislación que habría puesto un límite a la capacidad del presidente Donald Trump de lanzar un ataque contra Venezuela sin autorización del Congreso.

Los ataques comenzaron a principios de septiembre y han apuntado principalmente a embarcaciones en el mar Caribe, aunque se han desplazado cada vez más hacia el Pacífico oriental, donde se trafica gran parte de la cocaína proveniente de los mayores productores del mundo. La administración Trump también ha reforzado de manera masiva la presencia militar en aguas sudamericanas, incluyendo el despliegue de un portaaviones en la región.