Una fianza total de $70,000 fue impuesta este jueves a la alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, tras su arresto el miércoles por cargos relacionados al presunto uso indebido de fondos públicos destinados a ayudar a pequeños negocios afectados por el COVID-19.

Un juez fijó la fianza en $20,000 por el primer cargo (hurto mayor) y $50,000 por el segundo cargo (esquema para defraudar).

Espinosa, de ascendencia puertorriqueña, deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 1 de diciembre, a las 8:00 a.m. El proceso judicial se lleva a cabo en el Decimotercer Circuito Judicial de Florida.

La alcaldesa, de 58 años, presuntamente utilizó su cargo para beneficiarse de fondos públicos.

Según las autoridades, siete negocios ubicados en propiedades de su familia o administradas por esta recibieron un total de $90,000 del programa municipal Business Boost 2.0. De esa cantidad, $50,000 fueron destinados directamente a negocios de la familia Espinosa y otros $40,000 a inquilinos de sus propiedades.

La investigación sostiene que Espinosa y sus familiares solicitaron $50,000 en ayudas para tres negocios el mismo día en que abrió el periodo de solicitudes, en septiembre de 2025. Las peticiones fueron aprobadas y el dinero se depositó en cuentas vinculadas a la familia en noviembre de ese año.

Estos son los negocios que presuntamente recibieron fondos del programa, según consta en la orden de arresto. Todos están ubicados en Kissimmee, Florida.

• Adanse LLC: Empresa en la que la alcaldesa figura como propietaria del 100%. La compañía recibió una subvención de $20,000.
• Kissimmee Diner Inc., que opera bajo el nombre comercial Matador Tacos & Tapas: Empresa en la que Jorge Espinosa, esposo de la alcaldesa, figura como propietario del 100%. La compañía recibió una subvención de $15,000.
• The Real Estate Gallery LLC: Empresa en la que Jorge Espinosa figura como gerente en el registro comercial Sunbiz. La compañía recibió una subvención de $15,000.

Las autoridades alegan que la alcaldesa impulsó y votó a favor de crear y ampliar el programa, y que habría aprovechado su posición para facilitar la concesión de las ayudas.

También indicaron que, tras ser advertida en diciembre de 2025 de que recibir el dinero representaba un conflicto de intereses prohibido, se negó a devolverlo.

La defensa sostiene que Espinosa es inocente y que impugnará los cargos. Sus abogados argumentan que una posible infracción ética no constituye automáticamente un delito penal y que la fiscalía deberá demostrar que actuó con intención delictiva.