NUEVA YORK. El presidente colombiano Gustavo Petro ha sido designado como “objetivo prioritario” por la Administración para el Control de Drogas (DEA), mientras fiscales federales en Nueva York investigan sus presuntos vínculos con narcotraficantes, según fuentes familiarizadas con el caso y documentos consultados por The Associated Press.

Los registros de la DEA muestran que Petro ha aparecido en múltiples investigaciones desde 2022, muchas de ellas basadas en entrevistas con informantes confidenciales. Los presuntos delitos investigados por la DEA incluyen sus posibles tratos con el cártel de Sinaloa de México y un plan para utilizar su programa de “paz total” en beneficio de narcotraficantes prominentes que contribuyeron a su campaña presidencial. Los registros también sugieren el uso de las fuerzas del orden para el contrabando de cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos.

La designación de “objetivo prioritario” se reserva para sospechosos que la DEA considera que tienen un “impacto significativo” en el narcotráfico. Se desconoce cuándo la DEA otorgó esta designación a Petro. Petro negó toda relación con narcotraficantes y sostuvo que nunca aceptó sus fondos durante su campaña. En una publicación el viernes en X, argumentó que los procedimientos legales estadounidenses desmantelarían las acusaciones de la ultraderecha colombiana, grupo que, según él, es el que realmente está involucrado con los narcotraficantes.

La Embajada de Colombia en Washington restó importancia a lo que calificó de informes anónimos y “no verificados” sobre investigaciones preliminares de las fuerzas del orden contra Petro.

“Las insinuaciones reportadas carecen de fundamento legal o fáctico”, declaró la embajada en un comunicado.

La investigación

En los últimos meses, fiscales de Brooklyn y Manhattan han estado interrogando a narcotraficantes sobre sus vínculos con Petro y, específicamente, sobre las acusaciones de que representantes del presidente colombiano solicitaron sobornos para bloquear extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos, según una persona que no estaba autorizada a hablar sobre la investigación en curso y que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

La persona indicó que no estaba claro si los fiscales federales habían implicado a Petro en algún delito.

La investigación se centra, al menos en parte, en las acusaciones de que representantes de Petro solicitaron sobornos a narcotraficantes en la cárcel colombiana de La Picota a cambio de la promesa de que no serían extraditados a Estados Unidos, según una fuente.

Petro ha negado sistemáticamente las acusaciones de narcotráfico, especialmente después de que Trump lo calificara de “líder del narcotráfico” y de que el Departamento del Tesoro lo sancionara a finales de 2025 por supuestos vínculos con el narcotráfico sin presentar pruebas.

Los fiscales federales estadounidenses declinaron hacer comentarios. La DEA no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

La investigación federal fue reportada el viernes por The New York Times.

Las investigaciones sobre Petro se encuentran en sus primeras etapas y no está claro si resultarán en cargos, según otra persona familiarizada con el asunto, quien agregó que la Casa Blanca no ha tenido participación alguna en las investigaciones.

Los registros de la DEA revisados por la AP se basan en parte en información confidencial que apunta a la posible participación de Petro con diversos grupos criminales que han dominado el narcotráfico en Sudamérica durante años. Entre ellos se encuentran el cártel de Sinaloa de México y el Cártel de los Soles, término que describe una red informal de oficiales militares corruptos de alto rango en la vecina Venezuela.

Los documentos también citan una entrevista de 2024 con una fuente anónima que afirmó que Petro está utilizando a exasesores de campaña y funcionarios de la petrolera estatal Ecopetrol para lavar fondos presidenciales en el extranjero, para su propio beneficio una vez finalizado su mandato.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, negó rotundamente las acusaciones en una declaración a AP, afirmando que carecían de toda verosimilitud y lógica.

Familiares bajo investigación

Petro, exlíder rebelde, llegó al poder prometiendo reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles y reasignar los recursos estatales para combatir la pobreza arraigada.

Político de izquierda conocido por sus discursos extensos y a veces incoherentes, ha criticado con frecuencia al gobierno de Trump por su apoyo a Israel, el bombardeo de barcos narcotraficantes en el Caribe y ha comparado la represión migratoria de la Casa Blanca con tácticas “nazis”.

Tras uno de estos exabruptos, durante una manifestación propalestina frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Trump tomó represalias revocando la visa estadounidense de Petro. También impuso brevemente altos aranceles a Colombia por la negativa de Petro a aceptar vuelos de deportación desde Estados Unidos.

Sin embargo, más recientemente, ambos han mostrado señales de buena relación. Tras una reunión en la Casa Blanca en febrero, Trump describió a Petro como “magnífico”.

Las autoridades colombianas llevan años investigando a miembros de la familia de Petro por posibles delitos.

Su hijo, Nicolás Petro, fue acusado en 2023 de solicitar contribuciones ilegales para su campaña a un narcotraficante convicto, con el fin de financiar un estilo de vida ostentoso con autos y casas de lujo. El joven Petro se declaró inocente y su padre afirmó que ninguno de los fondos se utilizó para su campaña.

El hermano del presidente, Juan Fernando Petro, también ha sido implicado en negociaciones secretas que supuestamente tuvieron lugar con narcotraficantes encarcelados para protegerlos de la extradición a Estados Unidos a cambio de su desarme.

Política y cocaína

La política en Colombia ha estado marcada desde hace tiempo por la cocaína, de la cual es el mayor proveedor mundial. En la década de 1980, el narcotraficante Pablo Escobar fue elegido miembro del Congreso con el apoyo de uno de los partidos más tradicionales de Colombia. Una década después, sus rivales del cartel de Cali inundaron la campaña presidencial de Ernesto Samper con donaciones ilegales.

El Movimiento 19 de Abril, grupo guerrillero urbano al que pertenecía Petro y que ahora está desaparecido, ha sido sospechoso desde hace tiempo de haber recibido dinero de los cárteles de Medellín de Escobar como parte del sangriento asedio al Tribunal Supremo en 1985. Petro no participó en el ataque, que dejó varios guerrilleros y cerca de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo muertos. Los líderes del grupo siempre han negado cualquier vínculo con el cártel.