DILLEY, Texas. Agentes de la policía estatal de Texas rociaron irritantes químicos sobre manifestantes reunidos el miércoles fuera de un centro de detención federal donde un legislador demócrata se reunió con un niño ecuatoriano de 5 años de edad y su padre, cuyo caso ha desatado indignación con las represiones migratorias del gobierno federal.

El representante Joaquín Castro se reunió con el padre y su hijo en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, donde al exterior del recinto se congregó un numeroso grupo de manifestantes para expresar su apoyo a los cientos de detenidos que se encuentran en la instalación. Los manifestantes golpearon tambores, gritaron consignas y portaron pancartas con leyendas como “¡Los niños no son criminales!”.

A medida que los manifestantes se acercaban a la instalación en la pequeña ciudad de Dilley, agentes de la policía estatal llegaron a bordo de un autobús escolar y le ordenaron a la multitud que retrocediera. Posteriormente, algunos agentes arrojaron bolas de gas pimienta para dispersar a los manifestantes.

Más tarde, Castro publicó en redes sociales una foto de su visita con Liam Conejo Ramos y su padre, Adrian Alexander Conejo Arias.

“Exigí su liberación y le dije lo mucho que su familia, su escuela y nuestro país lo quieren y están rezando por él”, publicó Castro.

Se tiene previsto que Castro y otros demócratas del Texas discutan la visita en una conferencia de prensa a realizarse más tarde el miércoles.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas no respondió de momento a un correo electrónico en busca de comentarios sobre el enfrentamiento con los manifestantes.

La representante estatal Jasmine Crockett, quien se postula para el Senado federal, también tenía planeado visitar la instalación el miércoles. Las visitas son parte de un esfuerzo de los demócratas durante un año de elecciones legislativas para llevar a cabo una supervisión congresional y resaltar las consecuencias de la campaña migratoria del presidente Donald Trump en Minnesota y otros lugares.

Funcionarios gubernamentales han negado previamente la entrada a algunos miembros del Congreso a centros federales de detención, aunque señaló que el gobierno o sus contratistas privados que operan la instalación han permitido que los detenidos en Dilley se anoten para una reunión con él y Crockett.