Los Ángeles. Un juez federal estadounidense suspendió este jueves el plan del Gobierno de Donald Trump que buscaba deportar inmediatamente a Guatemala a cientos de menores de edad que ingresaron solos y están bajo custodia de las autoridades.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos intentaron deportar el pasado 31 de agosto a 76 menores de edad que alcanzaron a estar en un avión hacia Guatemala y no fueron enviados por una orden judicial temporal que los protegía de la expulsión hasta este jueves.

Timothy J. Kelly, juez federal del Distrito de Columbia y designado por Trump, emitió hoy la orden preliminar que bloquea el envío a Guatemala de unos 327 niños originarios de ese país “elegibles para reunificación con sus padres o familia”, según los documentos judiciales.

El magistrado criticó duramente a la Administración Trump al asegurar que actuó de mala fe cuando intentó deportar a los menores bajo el argumento de que simplemente quería “reunir” a padres e hijos.

“No hay pruebas ante el Tribunal de que los padres de estos niños solicitaran su regreso”, escribió Kelly. El argumento del Gobierno Trump “se derrumbó como un castillo de naipes”, agregó.

Los abogados de los niños y adolescentes, de entre 10 y 16 años, argumentaron que la Administración violó el debido proceso, pues tienen casos pendientes ante tribunales migratorios, e ignoró las protecciones especiales de los menores de edad, quienes cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos.

Bajo la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA, en inglés), los menores inmigrantes que ingresaron solos a Estados Unidos generalmente tienen la oportunidad de comparecer ante un juez migratorio antes de ser deportados.

Estados Unidos tenía bajo custodia a 2,011 menores de edad no acompañados en agosto, según datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS en inglés), aunque no detalla sus nacionalidades.

La decisión de Kelly representa un revés para Trump en su campaña de desprestigio contra los jueces que han fallado en contra sus políticas, que generalmente han sido designados por gobiernos demócratas.

Se prevé que la Casa Blanca apele la orden de Kelly.