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En guerra por la reducción de jornada

Por Bárbara Figueroa Rosa y Libni Sanjurjo Meléndez 08/05/2017 |09:00 a.m.
Christian Sobrino, representante del gobernador ante de la JSF, a la derecha, ripostó a los miembros del ente federal -Ana Matosantos, José Carrión y Carlos García, en la foto- al momento de determinar la reducción de jornada laboral. ([email protected])  
Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno se enfrentarán en los tribunales por los recortes.

El cuco detrás de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) estuvo rondando la casa, pero ya entró al hogar y está provocando mucho más que pesadillas. ¡Y esta historia apenas comienza y presagia una intensa batalla judicial!


En una candente reunión que duró poco más de dos horas, el ente federal creado bajo la ley PROMESA, sacó las herramientas para afilar la tijera embotada del Gobierno y anunció que para el próximo 1 de septiembre deberá entrar en vigor el recorte de jornada laboral  para todos- lea bien todos- los empleados públicos de la Isla, exceptuando a los policías. El plan es reducir dos días al mes a la jornada de los servidores públicos, lo que representa un 10% de su salario.

El anuncio oficial lo hizo la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, durante la novena reunión del ente efectuada ayer en el hotel El Conquistador, en Fajardo.

La noticia puso a Elizabeth Iglesias de Jesús, empleada del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), “con los pelos de punta”.

Y no es para menos. La reducción de jornada laboral aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le llega en momentos en que se encuentra en el proceso de opción de compra de una vivienda, según compartió a Primera Hora.

Mensualmente gana $2,085 bruto, lo que bajaría a $1,876 con un recorte de 10 por ciento.

Ahora se pregunta si debe arriesgarse a asumir “una deuda a 30 años”, lo que implicaría pagar más de lo que paga actualmente en su renta. “Es bien cuesta arriba y yo soy el sustento de mi familia”, dice la mujer, quien vive con sus dos hijas e igual número de nietos. 

“Si me arriesgo a tirarme a cerrar la compra venta de la casa, pues sería tirarme a la calle a buscarme otro sustento, un part-time. ¡Qué sé yo! Limpiando casas. Me reinvento. Hacer almuerzo. Cuidar niños. Otras cosas, después que sean legales… Si no me arriesgo a lo de la compra venta del hogar, pues sinceramente irme a Estados Unidos”, compartió Iglesias de Jesús. 

La mujer no tiene esposo, pensiones ni ingresos adicionales, porque sus hijas no cualifican para ayudas del gobierno por su sueldo, dijo.  

Para ella, el gobernador debe “seguir insistiendo”. Aunque esa insistencia no convence a una empleada del Departamento de Vivienda, que prefirió el anonimato, porque lo que pasa es que, la “voz de él, bendito, no puede ir por encima de la junta”. 

Mientras, Meylí Cruz reaccionó preocupada al decir que “los pobres somos los que estamos pagando y no es justo”. Esta otra empleada del DTOP, gana $1,391 mensuales, por lo que la reducción baja su sueldo a $1,251. Ya vislumbra que tiene que “buscar algún chivo, por ejemplo, limpiando casas en esos dos días. Lo tendré que hacer. En lo que se resuelve”. 

Otros empleados consultados por Primera Hora expresaron un panorama igual de espinoso. “Nosotros que movemos la economía y nos tienen ahí: apretándonos, apretándonos cada vez más”, expuso Miguel Colón, empleado de Vivienda.

Para él, los salarios que tienen que bajar son los de los legisladores y “ejecutivos grandes”. Y eso es así porque “si somos empleados públicos, somos empleados públicos todos”, agregó Iglesias de Jesús. 

Para otros, la esperanza sigue latente. “Yo espero que no lo implante. Sería una baja la economía, para nosotros los trabajadores porque somos los que mantenemos este país”, señaló una empleada de Vivienda que prefirió el anonimato.  

En el caso de Carmen Ortiz, el anuncio de la JSF parece “irreal”. En primer lugar, dice, estamos “pagando los platos rotos de otro”. Su sueldo bruto es de $1,700 mensuales, lo que bajaría a $1,530. “Eso es un caos para mi ingreso. Mi vida”, dijo Ortiz, empleada de Vivienda. Y para ella no hay esperanza de que no ocurra la reducción. “Al final lo van a hacer. La soga parte por lo más finito”, opinó. 

Jaresko reiteró en múltiples ocasiones que, aún cuando el Gobierno ha mostrado tener un poco más de liquidez, el plan contingente de reducir la jornada laboral es necesaria para lograr los ajustes gubernamentales que se concretaron en el plan fiscal certificado, el cual tiene como objetivo un ahorro de $880 millones para el cierre del año fiscal de 2018. 

Reconoció que las movidas implantadas por la administración del gobernador Ricardo Rosselló han logrado un “progreso marcado” que redundan en un ahorro de  $662 millones. Pero, repitió y repitió que los ajustes no han sido “suficientes” y que el Gobierno se queda corto en ahorros por unos $218 millones. Aseveró que si no se actúa ahora, las repercusiones en el futuro pueden ser peor y afectar, incluso, los servicios a la ciudadanía.

“Reconocemos que el Gobierno ha hecho progreso significativo en implementar medidas con sentido para ajustar el tamaño y los gastos del gobierno en un esfuerzo para alinear los gastos con la dura realidad fiscal de Puerto Rico… sin embargo, se requiere una implementación completa para permitirnos alcanzar las metas en el plan fiscal certificado, el cual establece una reducción general del 30% en los gastos operacionales del Gobierno a lo largo de tres años”, dijo Jaresko.

Mientras la directora ejecutiva de la JSF hablaba, el representante del Gobierno ante el ente federal, Christian Sobrino, estaba serio. Meneaba su cara en negación y no pudo más: pidió un turno para hablar. Fue entonces que se suscitó un intenso careo entre las partes.

“La reducción de jornada laboral no va”, estableció Sobrino durante su discurso el cual fue calificado como “apasionado” por algunos miembros de la JSF, incluyendo a Andrew Biggs.

El desacuerdo entre las partes dejó en evidencia que, a todas luces, el asunto se resolverá en un tribunal federal.

“Si nos demandan vamos a ganar y no va haber reducción de jornada. Eso no va a ocurrir. Punto…pero, si ellos quieren ir al tribunal, nosotros nos vamos a defender”, dijo Sobrino al finalizar la reunión durante una conferencia de prensa en la que sostuvo en repetidas ocasiones que la opción de recortar dos días al mes a los empleados públicos -exceptuando a los que trabajan en áreas de seguridad, como los policías- nunca fue incluido en el plan fiscal certificado por la Junta el pasado marzo. Además catalogó lo dispuesto como una “recomendación” por lo que dijo que la Junta no tiene autoridad de obligar al Gobierno a cumplir.

Mientras, José Carrión III, aseguró que el tema de reducción sí se había informado y que sí está establecido en el plan fiscal certificado. Indicó, además, que el Gobierno nunca objetó el asunto.

Carrión reconoció que la medida es “dolorosa” pero es necesaria para evitar consecuencias mayores. De hecho, dijo “aplaudir” las iniciativas del Gobierno, “pero no son suficientes para cumplir con el plan trazado”.

Carrión insistió que lo más saludable para el País es evitar un litigio  pero debido a la “actitud asumida por el señor gobernador (Ricardo Rosselló)” se consultarán a los abogados.

Destacó que recurrir a tribunales generará unos gastos extras “y ya ustedes saben lo que cobran los abogados”. Pero dijo que lo más que le preocupa es que  un pleito judicial retrasaría la implantación de la reducción de la jornada laboral y eso implicaría que, al final del camino, se tendrían que descontar más días mensualmente a la nómina de los empleados.

“Tendremos que incrementar la cantidad de días para cumplir con los números del plan fiscal que están contemplados desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio de 2018, cuando culmina el año fiscal”, expresó. Por el momento, destacó, no se eliminará el bono de Navidad, sino que se aplicará la disminución que propuso el gobierno cuando presentó el plan fiscal que se certificó.

Por su parte, Gerardo Portela, director de AAFAF, dijo que el impacto de la reducción a la jornada laboral será “detrimental” para la economía y los efectos se perpetuarán por más de dos años y podrían alcanzar los $600 millones. Esta cifra, insistió, no está contemplada en el plan fiscal, aunque los miembros de la JSF aseguraron que sí.

“Si hay una reducción del 10% en el salario de los empleados públicos habrá un efecto grande al consumo (venta de alimentos, entretenimiento, gastos de hipoteca, etc.)”, dijo Portela.

Mientras, al inicio de la reunión, la Junta aclaró que aunque han mencionado la necesidad de adoptar reformas en los programas de asistencia a las personas de menos recursos, como el PAN, el TANF o la sección 8, eso no significa que estén impulsando eliminarlos como han sugerido algunas personas.

También se aclaró que en esta reunión no se abordaría el asunto del plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico.

La Junta acogió recomendaciones para hacer cambios en las normativas de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec). Entre esos cambios, se propuso un nuevo sistema de gobierno que asumiría el control de Cossec. También se propuso enmendar la ley orgánica de Cossec para poder vender activos de cooperativas en liquidación a entidades no cooperativas. Además se pidió a Cossec crear un comité que supervise la implementación del Plan Fiscal dentro de la agencia, así como adoptar unos modelos que provean información más actualizada y detallada.

La JSF aceptó las enmiendas propuestas y recomendó la aprobación del plan fiscal presentado para Cossec, con el respaldo unánime de los miembros de la Junta.

Mientras, los miembros de la Junta indicaron que la administración de Rosselló no está cumpliendo con el compromiso de ir reduciendo el 10% de los beneficios a los pensionados del Sistema de Retiro. Este plan sería paulatino hasta el 2020 y pretende asegurar que los sistemas puedan cumplir sus obligaciones con todos los retirados y, sobretodo., con protecciones que garanticen que aquellos pensionados que se encuentran en o por debajo del nivel de pobreza no sean impactados por los ajustes.

De otra parte, al tocar el tema, Biggs mencionó, por ejemplo, que una de las deficiencias que tiene el Gobierno es que la mayoría de los maestros, jueces, y policías no cotizan al Seguro Social. Recomendó que se implemente que todos los empleados de nueva contratación estén inscritos al Seguro Social.

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