En Puerto Rico se vive una “crisis de alquiler”.

La advertencia que lanza la directora ejecutiva y fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), Ariadna Godreau Aubert, se basa en el hecho de que, a pesar de que una tercera parte de las viviendas en Puerto Rico (o el 31%) son a base de alquiler, hay una escasez de datos del perfil de quienes alquilan, no son mencionados en las órdenes ejecutivas por desastre y no existen datos sobre las cantidades de desahucios de parte del Gobierno.

“¿Cómo nosotras sabemos que hay una crisis de alquiler? Lamentablemente, es (por) la falta de datos concretos que existen en el tema de la gente que alquila”, sostuvo en conferencia de prensa al mencionar que ALPR ha hecho gestiones “titánicas” por conocer esta información.

Por otro lado, existe una gran cantidad personas desahuciadas por la incapacidad económica de pagar las rentas y, durante el 2021, se presentaron más de 700 demandas de desahucio. A pesar de no conocer datos específicos del perfil demográfico de aquellos demandados, Godreau Aubert especificó a Primera Hora que- según los expedientes que su equipo legal ha observado- el 58% de los nombres son normalmente atribuidos a féminas.

“Esto mientras había una moratoria, esto mientras había una prohibición de desalojo. No se frenó de que la gente siguiera siendo demandada en un proceso de desahucio”, indicó.

Mayormente, la gran cantidad de desahucios se debe a los altos costos de vida sumados a los de alquiler, ya que la mediana de renta en Puerto Rico es de $482. Mientras, el 45% de las personas que alquilan invierte más del 35% de sus ingresos en renta, analizó ALPR.

“Eso lo decimos a la misma vez que reconocemos que en casi ningún lugar puede conseguir una renta de $482. Pero, ese número nos deja ver o nos deja sumar a una crisis de personas que no pueden pagar su renta”, dijo al señalar que con el alza en el costo de vida se les imposibilita a muchos cumplir con la renta y que el 90% de los demandados no tienen representación legal.

El desahucio también tiene un efecto dominó en las vidas de los puertorriqueños, por lo que inhibe el desarrollo óptimo y el progreso en otras áreas de sus vidas.

“No importa cualquier impacto, lo pequeño que pueda ser, como por ejemplo la pérdida de horas en un empleo hora por hora, una pérdida de salario, un desastre, una enfermedad, un divorcio. Ese impacto económico, por pequeño o grande que sea, va a causar que la personas no pueda mantener su derecho al techo y, como hemos hablado, cuando las personas no tienen techo digno no pueden ejercer otros derechos, como es el derecho a la educación, el derecho al trabajo (y) el derecho de que la gente literalmente se puedan desarrollar”, comentó.

Es por esto que ALPR lanzó dos estrategias de apoyo a familias que alquilan y que podrían estar en riesgo de un desahucio.

Una de estas es la página web Centro Digital para la Autodefensa (CDA) que facilita documentos útiles para ejercer y defender los derechos dentro y fuera de los tribunales para quienes no pueden costear una representación legal. El sitio cibernético permite identificar el tipo de problema legal que el inquilino enfrentan, educación y cómo defenderse por sí mismas, “al tiempo en que toman conciencia de que la crisis de vivienda es una colectiva”. La página se puede acceder mediante el enlace www.ayudalegalpuertorico.org/cda.

También, se creó el Panel en Defensa de Alquileres Dignos dirigido a personas en riesgo de desahucio por impago que consiste en un panel formado por profesionales licenciados en abogacía que ofrecen acompañamiento legal sin costo para las personas aquellos que cualifiquen. Se dará prioridad a personas adultas mayores, jefas de familia, inmigrantes, sobrevivientes de violencia doméstica, entre otros grupos. Para recibir esta ayuda puede llamar al 787-957-3106.

Mientras, abogados que deseen ofrecer su tiempo a través de una tarifa fija reducida o de la convalidación de horas pro bono deben comunicarse a probono@ayudalegalpr.org.

“La pérdida de ingresos por la pandemia y otras complicaciones ha hecho la ayuda insuficiente para estas personas. Puerto Rico tiene disponible $325 millones para ayudar a inquilinos con necesidades económicas debido a la pandemia. Apenas se ha logrado el 30% y podríamos estar en riesgo de perder ese dinero. Debemos hacer cambios”, dijo la licenciada Pamela Bernard Boigues.

Con esto, ALPR tiene una meta de asistir a 200 personas al año a través del panel.

“¿Queremos más? Claro que queremos más, pero necesitamos abogados y abogadas que estén dispuestas a dar un paso al frente, además de que la gente solicite el servicio”, adelantó Godreau Aubert.

Exigen políticas públicas

Godreau Aubert aseguró a Primera Hora que este año ALPR se enfocará en que se cree política pública para evitar los desahucios en emergencias.

En primer lugar, se propone a que se cree legislación para reconocer la violencia económica entre parejas, “o todo lo que tiene que ver con el derecho económica”, como una forma de violencia doméstica.

“Tiene como objetivo proteger a las sobrevivientes de violencia doméstica, por ejemplo, como parte del patrón de violencia doméstica, el agresor le niega el acceso a la casa, deja de pagar la renta de la hipoteca como castigo (entre otras)”, explicó.

Además, ALPR buscará que se retome el Sustitutivo de la Cámara a los Proyectos de la Cámara 429 y 488, que hubiese creado la Ley de Protección a la Vivienda durante Emergencias, tras el veto del gobernador Pedro Pierluisi.

El proyecto tenía como propósito detener las ejecuciones hipotecarias y desalojos y establecer una moratoria de pagos a préstamos hipotecarios y arrendamientos de hasta 90 días durante emergencias.

“Esto es un proyecto que detiene desahucios cuando más urgente es, que es cuando hay una emergencia de hasta 90 días. En los días después del (huracán) María, por ejemplo”, detalló. “Estamos haciendo varias llamadas a política pública”, aseguró.

No existe registro de arrendamiento a nivel privado

Tras la denuncia de Ayuda Legal sobre la falta de datos sobre aquellos residentes que alquilan y no están incluidos en las protecciones que proveen las moratorias de desahucio, el administrador de Administración de Vivienda Pública, Alejandro Salgado Colón, confirmó que la isla no cuenta con datos específicos sobre el mercado de arrendamiento a nivel privado por falta de legislación.

Salgado Colón, quien enfatizó que su oficina trabaja con las propiedades registradas bajo Sección 8, coincidió con la organización sin fines de lucro, planteando que, en la isla “por muchos años, no ha existido un mercado formal de alquiler y eso es algo que ciertamente se tiene que trabajar”.

“En el caso de Vivienda Pública, hemos apoyado una serie de iniciativas, por ejemplo, en el año pasado, estuvimos trabajando lo que es el programa de incentivos al arrendador, en el cual se le brindaba un incentivo adicional al pago de rentas para que más personas pusieran sus propiedades disponibles para el alquiler bajo el programa Sección 8. De igual manera, hemos estado desarrollando proyectos de vivienda mixta, en el cual de, además de unidades disponibles de alquiler con subsidios de Vivienda y Sección 8, también se habilitaron unidades disponibles en el mercado privado, así que son unidades que hemos desarrollado”, respondió el administrador.

Por otro lado, cuando este medio le preguntó por la cantidad de demandas de desahucio que se han efectuado bajo la administración de su oficina, sostuvo que no tenía la información, “porque esto es un dato que tendría que solicitarlo a los tribunales”.

“Ahora mismo, yo le diría que mientras estuvo en efecto la moratoria para desahucios, las instrucciones que en todo momento que emitió Vivienda Pública fue que no se presentaría ningún caso de desahucio”, apuntaló. “De hecho, al finalizar la moratoria en septiembre, la instrucción que se dio a los agentes administradores fue que no se presentaría ningún caso de desahucio por un término de 30 días al finalizar la moratoria”.

Además de eso, Salgado Colón explicó que su oficina iba a continuar orientando a los residentes de Vivienda Pública sobre el programa para asistencia de rentas, y que se iba a a buscar “todas las alternativas habidas y por haber”, tales como el uso de medios de comunicación, visitas a diversas comunidades y orientaciones en foros públicos.

Al igual que los fondos del programa de asistencia de pago para alquiler, este manifestó que los incentivos al arrendador estarán disponibles hasta el 30 de septiembre de este año.