A la luz de la nueva ley que viabiliza la declaración de estorbos públicos, varios alcaldes ya encaminan procesos en sus municipios para agilizar expropiaciones y establecer sistemas que les permitan disponer de estas propiedades y allegar fondos a las arcas municipales.

La Federación de Alcaldes convocó este martes una reunión para explicar los alcances de la nueva Ley 97 de 2026, firmada a principios de mes y que establece las facultades de un ayuntamiento para adquirir propiedades declaradas como estorbo público. La ley amplía los márgenes de tiempo que tienen los alcaldes para intervenir con estas propiedades mediante enmiendas al Código Municipal de Puerto Rico.

Luego de presentar la experiencia que ha tenido en su pueblo con las expropiaciones y la celebración de dos subastas, el alcalde de San Lorenzo, Jaime Alverio Ramos, dejó saber que ya tiene en agenda una tercera subasta para el mes de agosto.

Junto a él, la alcaldesa de Aguas Buenas, Karina Nieves Serrano, la de Vega Alta, María M. Vega Pagán, el de Guayanilla, Raúl Rivera Rodríguez y el presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, dejaron saber que encaminan ya procesos para aumentar las declaraciones de estorbos en sus pueblos.

En San Lorenzo ya han realizado dos procesos de subastas que, según el alcalde, han resultado en 14 propiedades subastadas, de las cuales 12 fueron adjudicadas y generaron ingresos ascendentes a $707,000 para las arcas municipales.

Alverio Ramos afirmó que, previo a la aprobación de la nueva legislación, el proceso podía resultar fragmentado, con resultados mixtos en los tribunales. Describió un escenario en el cual los jueces dan su propia interpretación a los procesos y requisitos necesarios para una expropiación.

“Vemos un montón de propiedades abandonadas y el estado de derecho nuevo permite a todos los municipios tomar acción. El adiestramiento es importante para que esa información llegue directamente a los equipos de trabajo”, dijo Alverio Ramos. “La Ley 97 se acaba de aprobar. Con la Ley 114, cada sala (de tribunal) podía decidir distinto porque la ley no estaba clara y era contradictoria. Por eso la importancia de aprobar esta ley y quitar la discreción al tribunal y que todos los tribunales decidan igual”.

A preguntas de la prensa, negó que la nueva ley reduzca los derechos constitucionales de los propietarios bonafide de estas estructuras y argumentó que “todas las garantías constitucionales se tienen que observar, por eso lo costoso del proceso”.

En la presentación a los alcaldes y funcionarios municipales, Alverio Ramos advirtió que las decisiones sobre los estorbos públicos acarrean consecuencias políticas, independientemente del mecanismo que adopte un alcalde. Presentó una gráfica para explicar que los municipios tienen dos posibles extremos: o poner las propiedades en manos de los residentes y sin costo, o ponerlas en manos de especuladores y dejar el proceso en manos privadas.

Insistió en que, para él, la peor de las opciones es no mover el tema. Dijo que, en el caso de su ayuntamiento, se acerca más al modelo privado en aras de engordar las arcas públicas y eventualmente crear un fideicomiso de tierras que beneficie a los residentes de este pueblo.

La experiencia en otros municipios

La alcaldesa de Aguas Buenas adelantó que ya el municipio está listo para realizar una primera subasta de propiedades. Explicó que, en el caso de este pueblo, realizarán una primera ronda en la mañana para las personas que buscan su primer hogar en este pueblo y una segunda ronda para el resto de las personas y entidades interesadas.

El estimado de la alcaldesa es que hay sobre 300 propiedades que podrían ser estorbos, de los cuales han declarado 10.

Mientras, la alcaldesa de Vega Alta dijo que tiene unas 200 propiedades que podrían ser declaradas estorbo y ya encaminaron el proceso en la mitad.

“Quiero hacer el equilibrio entre lo que es la propiedad y proteger a los residentes de Vega Alta porque es importante reubicar los que están por Sección 8 y poderles garantizar una vivienda con titularidad”, dijo Vega Pagán.

Hernández, en tanto, adelantó que en Camuy hay “propiedades que están en la última fase”.

En su caso, dijo, el plan es convertir estas propiedades en estacionamientos para el casco urbano, aunque dijo que también daría prioridad en las subastas a las personas sin hogar.