Familiares de envejecientes de un hogar de ancianos en el pueblo de Hatillo que el Departamento de la Familia (DF) decidió cerrar, denunciaron un patrón de hostigamiento e intimidación de parte de la agencia para que estos remuevan a sus adultos mayores de la instalación, aun cuando la orden que los obligaría a remover a sus familiares del lugar, no es final ni firme.

El caso del Hatillo Nursing Home llegó hasta el Tribunal Apelativo luego que una determinación del DF de revocarle la licencia a la institución el 22 de noviembre del 2022, por una alegada negligencia, fuese revocada por el Tribunal de Arecibo. Tras la determinación del Tribunal de Primera Instancia, el DF recurrió la sentencia ante el Tribunal Apelativo, que el 12 de diciembre pasado revocó la determinación judicial.

Ante ese dictamen emitido en plena época navideña y aun cuando la determinación del Apelativo no era final y firme, comenzó el alegado patrón de llamadas de funcionarios del DF, reclamándole a las cerca de 55 familias que removieran sus parientes del hogar en un lapso de cinco días, o se presentarían cargos en su contra al amparo de la Ley 121 de Maltrato de Envejecientes.

“El departamento de la familia nos indica que va a cerrar el hogar cuando a mí me llaman... fue un momento en plena Navidad. Y un momento así, de buenas a primeras, tienes cinco días para sacar a tu familiar porque el lugar se va a cerrar. Yo le pregunté a la persona, ‘mira, explícame, ¿es que la han encontrado en unas condiciones como han encontrado en las escuelas, que es inminente el cierre porque corre riesgo la vida de todo el mundo de ese edificio?’. Me dice, ‘no, eso no sucede’. Le dije, ‘mira, encontraron un criminal, un asesino, un maltratante. ¿Tienen alguna persona para señalarla?’ ‘No, este, desconozco’”, relató Nieves Rivera, cuya madre reside en el hogar hace tres años.

La mujer añadió que al momento de seleccionar una institución en la que ubicar a su mamá, su familia auscultó diferentes opciones, cuidados, ubicación y costos, y fue un proceso que les tomó meses, pero ahora, el DF pretende que ellos hagan el mismo proceso en solo cinco días.

Por su parte, Elba Guzmán, hija de otra de las residentes el hogar de envejecientes, catalogó las acciones del DF como un intento de intimidar a los familiares para que estos se apresuren a remover a sus parientes del hogar -aun cuando la sentencia del apelativo no ha advenido como final y firme- para que la institución se vea forzada a cerrar sus puertas, aún cuando el proceso judicial y administrativo no ha concluido.

“El Departamento de la Familia pretende cerrar el hogar cuando el proceso administrativo no ha concluido. Incluso en el mes de febrero entiendo que hay unas vistas. Mi impresión y la impresión de los demás familiares es que ellos están apostando a que el hogar se declare insolvente si todos nosotros nos vamos, porque aún este proceso no ha culminado y ellos nos están metiendo presión con llamadas y mensajes de voz para que movamos a nuestros familiares y realmente nosotros no encontramos un hogar que se asemeje a Hatillo Nursing Home”, comentó Guzmán.

Añadió que incluso han recibido llamadas citándolos para que acudan al DF, pero dichas citaciones han sido de manera repentina. “Nos llamaron por teléfono el jueves pasado de forma apresurada para citarnos para lunes. Pero uno de los familiares dijo ‘miren ustedes no están siguiendo el debido proceso. Se supone que al menos nos citen con 10 días de anticipación porque trabajamos muchos de nosotros y no podemos faltar así. Tenemos que agendar la reunión’. Así que nuevamente nos llamaron al otro día para indicarnos que la reunión se había pospuesto para el 26 (de enero) pero todo a través de llamadas telefónicas ni siquiera una carta formal”, explicó Guzmán.

De manera similar se expresó la madre de otro los envejecientes afectados, Sandra Rivera, quien explicó que no se oponen a reubicar a sus familiares en otra institución, si no queda más remedio, pero abogó a porque se respete el debido proceso.

“A mediados del mes de diciembre, los familiares de Hatillo Nursing Home, incluyéndome obviamente a mí, comenzamos a tener una serie de llamadas de parte de funcionarios del Departamento de la Familia de la región de Arecibo, donde se nos estaba instruyendo de manera inmediata a que en un término no mayor de cinco días, teníamos que reubicar a nuestros familiares ya que ellos habían denegado la aprobación de la licencia del hogar y el hogar estaba trabajando sin la licencia del Departamento de la Familia. Y que de no hacerlo en ese término, estamos obviamente incumpliendo con la Ley 121, y que ellos iban a tomar acción para ir a los foros correspondientes y poder ir en contra de los familiares que no hiciéramos la reubicación. Obviamente estamos hablando de seres que son personas sensibles, muchos de más de 80, 90 años, con condiciones críticas, que están siendo muy bien atendidos en ese centro. Y ante esa preocupación y la dinámica tan fría, tan insensible, tan antipática de este personal, pues nos pusimos a indagar acerca de cuáles eran las razones que los motivaban a ellos para casi obligarnos a que en plena Navidad, reubicábamos sin mediar las mayores palabras”, relató.

“Ahí ya tenemos en conocimiento que la División de Maltrato Institucional, dirigida por la señora María Pitre y el caballero Andrew Román, llevaron en alzada una moción urgente al tribunal para que se declarara el centro Hatillo Nursing Home sin licencia y por ende, se llevara a cabo un cierre inmediato. Nosotros, los familiares, muy responsablemente no nos negamos a un proceso de reubicación teniendo este escenario de frente. Pero obviamente, se nos imposibilitó, dado que las alternativas que ellos nos proveyeron a través de un listado de hogares alternos cerca de la localidad de Arecibo, Hatillo, Camuy y Quebradillas, pero el trámite no es uno que uno lo puede hacer de hoy para mañana”, dijo.

Añadió que la administración del hogar se encuentra en el proceso de recurrir la sentencia del Apelativo que dejó sin efecto la licencia del hogar de envejecientes, por lo que entiende, el DF debe aguardar a una determinación judicial para iniciar los procesos de rigor.

Los familiares también presentaron documentos judiciales que evidencian que tras la determinación del Tribunal Apelativo el 12 de diciembre, cuando la misma todavía no era final y firme, el DF presentó un recurso ante el Tribunal Municipal de Arecibo, solicitándole que se le ordenara a la administración del hogar de envejecientes permitir la remoción de estos al amparo de la Ley 121. Sin embargo, la juez Cyndia Irizarry Casiano se negó a atender el recurso ya que la propia sentencia del Apelativo devolvía el caso a la sala del juez Santiago Cordero, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien originalmente atendió el recurso.

Los familiares de los envejecientes han sido citados a una reunión en el Departamento de la Familia este viernes 26 de enero.

Primera Hora solicitó una reacción del Departamento de la Familia a la controversia, y en declaraciones escritas la agencia emitió el siguiente comentario: “El Tribunal de Apelaciones emitió una determinación judicial sobre el caso en discusión. El Departamento de la Familia, como agencia de ley y orden viene obligada a cumplir con lo estipulado. Esto incluye el proceso de orientación a familiares de los adultos mayores”.