La querella en contra del rector de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Arecibo, Carlos Andújar Rojas, por el presunto uso indebido de vehículos oficiales fue archivada por falta de evidencia, según informó este viernes el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

La queja presentada por el catedrático José Alberty Monroing alegaba que Andújar Rojas utilizaba vehículos oficiales para propósitos personales en horas no laborales.

Aunque primeramente la querella fue referida el 20 de octubre de 2021 por el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, el Panel señaló que se obvió el proceso de notificar previamente a este cuerpo y que recibió la querella el pasado 26 de mayo.

La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor concluyó que no ameritaba proceder con la investigación preliminar, según ordena la Ley 2-1988, pues entendieron que las acciones del rector no representaban infracciones de naturaleza penal y que solamente conllevaría multa administrativa.

Dicha división consideró que como la Ley 60-2014 de vehículos oficiales no tipifica como delitos grave o menos grave su uso para fines personales, dejan de ser aplicables las disposiciones de la Ley 2-1988.

Los miembros del Panel, a su vez, disintieron de esa apreciación pues Justicia tiene la obligación de notificar al Panel a partir de que el secretario de Justicia refiera el caso a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor y no después de que esta división haya intervenido. “No corresponde al Departamento de Justicia evaluar la jurisdicción del PFEI ni tiene facultad para determinar si procede o no remitirle una información cobijada bajo la Ley 2″.

Además, se informó que la Oficina del Contralor detuvo su auditoría sobre el caso mientras Justicia atendía el asunto.

Mientras, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor obtuvo declaraciones juradas del querellante, quien fuera ayudante del rector y esposo de una prueba, y de la investigación interna que hizo la UPR, donde se concluyó que el vehículo oficial se usó confirme a los reglamentos vigentes.

Ante la ausencia de prueba requerida, el PFEI ordenó archivar la querella, pero señaló como indispensable que la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental sigan sus investigaciones sobre este caso.