El Senado aprobó a viva voz la medida que permitiría elevar el salario de los fiscales auxiliares y de distrito, así como de los procuradores de Familia y Menores y los registradores de la Propiedad, todos funcionarios que quedaban descubiertos en el plan de clasificación y retribución uniforme que la rama ejecutiva implementará en enero.

El cuerpo legislativo dio paso a la medida ante un nutrido grupo de fiscales que se encontraban en las gradas del hemiciclo. De aprobarse más adelante en la noche en la votación por lista, el Proyecto de la Cámara (PC) 1343 regresaría a su cuerpo de origen, toda vez que el Senado la avaló con las enmiendas incluidas en el informe de comisión.

Las enmiendas no alteraron el esquema original propuesto en el proyecto, que propone unas escalas que se ajustarían en función de los cambios futuros que pueda sufrir el plan de clasificación y retribución gubernamental, aunque sí aclaró que su efectividad estará sujeta a la disponibilidad de fondos. Los fiscales de distrito, por ejemplo, recibirán una compensación equivalente al máximo dispuesto para un “abogado principal” en cualquier agencia de la rama ejecutiva.

El salario base de un fiscal auxiliar VI –los de más alto rango entre esa clasificación–, en tanto, sería el 87% del sueldo de los fiscales de distrito. La cifra sería de 85%, 80% y 75% para los fiscales auxiliares III, II y I, respectivamente. Para los procuradores de Menores y Familia, el sueldo inicial ascendería al 80% de la compensación fijada para los fiscales de distrito.

Las cifras implican que el salario mensual de los fiscales de distrito aumentaría de $7,467 a $12,052, una diferencia de $4,586. Para los fiscales auxiliares IV, que actualmente devengan $7,317.66 mensuales, el incremento sería de $3,168.38, mientras que los fiscales auxiliares III recibirían un aumento de $3,150.55; los II, de $2,921.30; y los I, de $3,065.40.

El PC 1343, además, especifica que el salario del procurador general –la figura que representa al gobierno de Puerto Rico en los pleitos civiles o criminales que llegan a nivel apelativo– será de un 15% adicional al de los fiscales de distrito.

En el caso de los registradores de la Propiedad, se estipuló que devengarán un sueldo equivalente al de los fiscales de distrito, mientras que el director administrativo de esa dependencia –adscrita al Departamento de Justicia– cobraría un 15% más.

La medida dispuso que, en caso de que a futuro se reduzcan las escalas salariales aplicables a los abogados principales en el gobierno, los salarios de fiscales, procuradores y registradores de la Propiedad no se afecten. En la versión aprobada en el Senado se incluyó un lenguaje que ordena al secretario de Justicia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) “identificar, separar y garantizar anualmente los fondos necesarios para la consecución de lo dispuesto en esta Ley”.

“La otorgación de los beneficios que conlleva la aplicación de las disposiciones contenidas en esta Ley estará sujeta a la disponibilidad de fondos para sufragar los mismos, según certifiquen” el Departamento de Justicia, OGP y Aafaf, dispone la versión del Senado.

El informe conjunto de la Comisión de lo Jurídico y la Comisión de Hacienda destacó que, de acuerdo con el Departamento de Justicia, el PC 1343 tendría un impacto fiscal de $22.5 millones.

El pasado lunes, varios senadores habían alertado de los riesgos de no ajustar los sueldos de los funcionarios del Departamento de Justicia ante los incrementos anticipados en el gobierno. La senadora independentista María de Lourdes Santiago, por ejemplo, advirtió que sobre 150 fiscales quedarían con un salario muy por debajo al de otros abogados en el sector público.