La Cámara de Representante aprobó este sábado una resolución conjunta que crea la Comisión Especial de Revisión y Adjudicación de la Movilidad de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El fin de la Resolución Conjunta de la Cámara 157, de la autoría del representante independentista Denis Márquez Lebrón, es que la nueva comisión evalúe si revoca o confirma el traslado de puestos que se les dio a aquellos empleados que decidieron no moverse a la empresa privatizadora de la transmisión y distribución de energía en el país, LUMA Energy.

“Para atender la avalancha de casos de empleados de la AEE que entienden que sus derechos han sido violentados mediante el proceso de movilidad implementado por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), esta Asamblea Legislativa entiende imperativo crear la Comisión Especial de Revisión y Adjudicación de la Movilidad de los Empleados de la AEE. Esta Comisión Especial tendrá la tarea principal de evaluar y revisar la movilidad de los empleados de la AEE para determinar si procede revocar, enmendar o confirmar la acción de movilidad determinada por el gobierno”, dice la exposición de motivo de la medida.

Esta comisión estaría formada por un miembro nombrado por el gobernador Pedro Pierluisi, otro del Colegio de Abogados, así como uno de la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la AEE.

En la medida, se expone que los empleados tienen un término de 30 días para decidir si solicita la intervención de la Comisión Especial que se crea. No obstante, no estipula el término de días en que se evaluará el caso.

En la sección 10 de la medida se indica que “la Comisión Especial tendrá la obligación de revisar con premura los casos ante su consideración”.

Otro aspecto que se destaca de la medida es que la AEE debe designar un $1 millón de su presupuesto para que el ente pueda operar.

En un mensaje en el hemiciclo, Márquez Lebrón indicó que “decenas” de representantes se unieron a la resolución que radicó “con el propósito de establecer unos mecanismos ágiles, democráticos y en justicia para los miles de trabajadores de la AEE que de manera injusta, atropellada e insensible fueron enviados a decenas de agencias como parte del proceso de movilidad y el nefasto contrato con la empresa LUMA”.

Comentó que la reubicación se supone que se hiciera a base de un plan de evaluación de puestos y clasificaciones o, en la alternativa, un plan de readiestramiento.

“Nada de eso ocurrió”, puntualizó, al recordar que en vistas públicas trascendió esa realidad.

“Se emitieron alrededor de 3,000 cartas de movilidad y todos han visto las reacciones de los empleados de la AEE que han sido enviado a oficinas que no existen”, mencionó el independentista, a modo de ejemplo.

Indicó que la Comisión Apelativa del Servicio Público ya tiene 2,934 casos radicados por empleados de la AEE que no están conformes con su traslado. Pero, el representante alegó que el análisis de los mismos podría durar años. Por ello, abogó por la creación de esta Comisión Especial.

La medida debe lograr el aval del Senado y conseguir la firma del gobernador para que se ponga en vigor.

Por otro lado, la Cámara avaló dos medidas de administración. Se trata de las primeras medidas que este cuerpo considera del gobernador Pierluisi, confirmó el representante del Partido Nuevo Progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló.

La primera medida fue el proyecto de la Cámara 612, el cual enmienda la Ley del Procurador del Paciente para aumentar las multas que se imponen a las aseguradoras de servicios de salud en el caso de querellas relacionadas al Plan de Salud Gubernamental.

La segunda medida aprobada fue la Resolución Conjunta de la Cámara 64, la cual faculta al Secretario de la Familia a adquirir bienes inmuebles para establecer Head Star y Early Head Star en los municipios.