Las alcaldesas de Canóvanas, Lornna Soto y Ponce, Marlese Sifre dieron a conocer por separado varias iniciativas que transforman espacios abandonados en techos seguros, centros culturales y comunitarios.

En el caso Soto, la ejecutiva municipal aprovechó el evento PR Mayors Summit 2025 de la Federación de Alcaldes para presentar “Operativo: Canóvanas Zona Libre de Estorbos Públicos”, un proyecto que impacta directamente la calidad de vida de los residentes.La alcaldesa explicó que, “aunque muchos ven los estorbos públicos como simples estructuras deterioradas o solares llenos de maleza, la realidad es que representan un problema mucho más profundo, inseguridad, riesgos a la salud pública, pérdida de valor en las propiedades y un golpe directo a la autoestima de los barrios. Cuando se abandona una propiedad, también se abandona parte del entorno y se impacta la salud y seguridad de la comunidad”.

Para hacer posible el megaproyecto, se aprobó el Reglamento Municipal de Estorbos Públicos y se creó el Programa de Estorbos Públicos adscrito a la Oficina de Planificación y Desarrollo, entidad que coordina desde la identificación inicial hasta la adquisición y disposición final de las propiedades.

“Como parte del Operativo, Canóvanas ha identificado 249 propiedades en estado de abandono entre el Centro Urbano y la comunidad de San Isidro. En el Centro Urbano, 18 ya fueron declaradas estorbos públicos y 10 se adquirieron mediante expropiación forzosa; otras ocho continúan en trámite. Así que, además de reducir focos de riesgo, el municipio ya cuenta con suelo disponible para proyectos de vivienda asequible, incubadoras de microempresas, estacionamientos públicos y nuevas iniciativas de desarrollo económico”, detalló Soto.

Con agilidad

Soto indicó que más del 30% de los propietarios o herederos decidieron rehabilitar sus propiedades “una vez se les notifica el proceso, poniéndose al día con el mantenimiento y con el pago de las contribuciones del CRIM”.

“Esto genera un triple beneficio: comunidades más seguras, propiedades recuperadas y reutilizadas, y un aumento en los ingresos municipales sin necesidad de aumentar cargas contributivas”, aseguró.La alcaldesa presentó ejemplos concretos del impacto del Operativo. Entre ellos, Casa Pilar, un proyecto donde dos estructuras abandonadas se transformarán en un edificio de vivienda digna para envejecientes sin hogar o en riesgo de desamparo. Asimismo, tres propiedades adicionales serán utilizadas para proyectos de desarrollo económico que impulsarán microempresas locales.Por otro lado, Soto destacó un caso reciente en el que una madre, que perdió su casa por un incendio, recibirá una vivienda rehabilitada que antes era un estorbo público.

“Esto no es teoría. Esto cambia vidas. Punto”, expresó la alcaldesa.“Canóvanas no le tiene miedo al abandono. Lo enfrentamos. Lo transformamos. Y lo convertimos en oportunidad. Esa es la meta del Operativo: convertirnos en una verdadera Zona Libre de Estorbos Públicos”, concluyó.

Vivienda asequible

En Ponce, por otra parte, se anunció la nueva política pública para la rehabilitación de propiedades y el acceso a vivienda asequible.

La Legislatura Municipal de la Ciudad Señorial aprobó la Ordenanza Núm. 16, Serie 2025-2026, mediante la cual se derogan disposiciones anteriores relacionadas con el manejo de estorbos públicos y se establece un nuevo marco legal y administrativo para la intervención, adquisición y disposición de estos espacios.

Esta medida busca alinear la reglamentación municipal con las leyes estatales vigentes y promover la recuperación de propiedades abandonadas en beneficio de las comunidades ponceñas.

La alcaldesa, Marlese Sifre, destacó que esta ordenanza representa un paso firme hacia la creación de un entorno urbano más seguro, saludable y habitable.

“Reconocemos que el acceso a una vivienda digna, segura y asequible es un derecho fundamental. Esta administración reafirma su compromiso de revitalizar las comunidades y ofrecer oportunidades reales de desarrollo para nuestras familias”, expresó.

El nuevo marco legal permitirá declarar estorbos públicos aquellas propiedades que se encuentren en condiciones peligrosas o de abandono, facilitando su expropiación, rehabilitación y reutilización para fines de vivienda o desarrollo comunitario.

La ordenanza también dispone la creación de la Unidad de Estorbos Públicos, adscrita a la Oficina de Vivienda Pública Municipal y Desarrollo Socioeconómico. Esta unidad será responsable de recibir y evaluar querellas sobre propiedades en estado de abandono, imponer multas y gestionar su cobro en coordinación con el Departamento de Finanzas, adquirir y administrar propiedades declaradas estorbo público, establecer un Banco de Propiedades Inmuebles Municipales para su rehabilitación, alquiler o disposición como también coordinar esfuerzos de revitalización comunitaria junto a otras dependencias municipales y entidades colaboradoras.

Los ingresos generados por la gestión de la Unidad de Estorbos Públicos serán destinados al Fondo Especial de Expropiaciones para fortalecer las operaciones del Departamento de Vivienda Municipal. Parte de estos recursos también beneficiarán programas de asistencia económica, creación de empleos y proyectos de desarrollo comunitario sostenible.

Con esta nueva política pública, Ponce busca reducir la incidencia de enfermedades, delitos y deterioro urbano asociados a propiedades abandonadas, promoviendo espacios seguros, limpios y productivos para todos los ponceños.

“Ponce continúa avanzando hacia una ciudad más justa, ordenada y próspera. Cada propiedad recuperada representa una oportunidad para reconstruir hogares, generar empleo y fortalecer la esperanza de nuestra gente”, puntualizó Sifre.