A menos de un mes del reinicio de clases presenciales, todavía la secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte, no se ha comunicado con el alcalde juramentado de Guánica, Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, para explicarle cómo será el proceso académico en un pueblo que se quedó sin planteles escolares a raíz de los terremotos del 2020.

Tampoco el Estado le cursó invitación para las reuniones que ha sostenido con sus homólogos de la zona cero, a donde se ha discutido la problemática relacionada a los fondos de reconstrucción.

Esto dado el limbo electoral en que está sumergido el municipio guaniqueño que espera la decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en cuanto a quién se quedará dirigiendo los destinos del pueblo, que urge servicios directos del Gobierno Central, en una relación que aparenta haberse enfriado mientras se resuelve la controversia.

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De esa manera se siente Rodríguez Ramos, cuya juramentación al cargo el pasado 11 de enero se mantiene impugnada por el candidato de nominación directa, Edgardo Cruz Vélez, que, a su vez, fue certificado por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE como el aspirante con más votos.

“Tuvimos una reunión (con la secretaria de Educación) el 5 de enero, antes de juramentar como alcalde, pero luego de eso no hemos tenido más comunicación y yo entendía que había unos adelantos sobre las escuelas provisionales en nuestro pueblo, pero nos dimos cuenta de que no”, lamentó.

“Justo ayer nos enteramos de que existe un contrato con el Hotel Copamarina para llevar allí las escuelas y el personal administrativo del Departamento de Educación y nos tomó de gran sorpresa”, agregó en cuanto al contrato de $1.3 millones autorizado por la agencia el 16 de noviembre, cuya vigencia es hasta el 30 de junio.

Otra de las situaciones que trajo a colación, es la reunión convocada por el Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico, realizada en Ponce la semana pasada a donde el secretario del Departamento de Estado, Larry Seilhamer expuso que hubo representación de los alcaldes de Juana Díaz, Ponce, Guayanilla, Yauco, Peñuelas, entre otros, “menos de Guánica en lo que se resuelve la controversia”.

“Me parece totalmente irresponsable de parte del Gobierno de Puerto Rico que actúen de esa manera porque Guánica tiene un alcalde ya juramentado y que está trabajando incansablemente por el bien de nuestro pueblo. La situación política que está pasando en Guánica no puede afectar los servicios que nos corresponden como pueblo y más, cuando fuimos el pueblo más afectado por los terremotos”, denunció.

“Aquí no se trata de quién es el alcalde, se trata de que en el pueblo de Guánica no se pueden afectar los servicios y este servidor es el alcalde actualmente. Si eso cambiara en el futuro pues la otra persona va a heredar los trabajos que estamos realizando nosotros actualmente”, añadió.

Sostuvo que mientras aguarda por la decisión, la población de Guánica necesita que se atiendan situaciones como el peligro de inundaciones al que están expuestos 2,500 residentes.

“Ahora mismo lo que hay son unas bombas alquiladas que no llegan a la capacidad de lo que son las bombas de control de inundaciones; esa área de la barriada Esperanza que es más cercana y está en riesgo de inundarse, además de las 12 calles del pueblo y prácticamente toda esa zona está en riesgo de inundaciones. Ahora mismo hay un alquiler de bombas, que, aunque no llega a la capacidad, es algo que podemos controlar”, contó.

“El malecón está destrozado por los terremotos y nosotros estamos buscando identificar fondos para poder comenzar con la remodelación del malecón y con esa inyección económica que necesita nuestro pueblo. Es responsabilidad directa de nosotros como municipio, pero al afectarse la comunicación sobre los fondos que maneja el Estado, afecta los procesos y necesitamos cooperación de parte del Estado para agilizar los fondos que están disponibles y trabajar con estas situaciones”, resaltó.

De otra parte, Rodríguez Ramos estableció que el recurso sometido en el tribunal para impugnar el supuesto doble conteo de 38 votos que le dieron la ventaja a Cruz Vélez, “se encuentra en un curso normal como pasa en estos procesos”.

“Aquí ha pasado un mes y sé que hay mucha incertidumbre y todo lo demás, pero lo que pasa es que este es un proceso normal donde cada vez que contesta alguna de las partes, la otra parte tiene derecho a expresar su punto y estamos en ese momento. Lo que se presentó anoche es una contestación a un escrito que había presentado la parte del señor Edgardo Cruz Vélez”, dijo en cuanto a la moción más reciente presentada por su abogado Pedro Ortiz Álvarez.

“Todo el detalle de votos que se adjudicó el señor juez presidente el 15 de enero está mostrado en las actas que ya habían sido adjudicados el 21 de diciembre en la mesa de comisionados alternos”, explicó sobre la postura del juez Francisco Rosado Colomer quien defendió la certificación otorgada a Cruz Vélez con 2,411 votos.

Por su parte, Cruz Vélez coincidió en que el Estado tiene una responsabilidad ministerial con la ciudadanía guaniqueña.

“El Estado tiene la suprema responsabilidad de atender los casos de Guánica, específicamente los casos de reconstrucción y las escuelas. Pero también le corresponde al Estado asegurar que estos procesos a pesar de que estamos hablando de ramas separadas de Gobierno, aquí no se puede dejar al garete unos de los 78 municipios, simplemente porque una de las ramas de Gobierno decide no tomar acción en cuanto al mismo”, sentenció.

“Aquí el jefe de los 78 municipios es el jefe del Estado, que es el honorable gobernador de Puerto Rico a quien le hacemos un llamado para que de alguna forma no releguen el problema de Guánica al baúl del olvido y este asunto se debe atender con premura y sensibilidad que nuestro pueblo requiere”, acotó.

Recalcó la urgencia de atender la situación electoral a 27 días de recibir una certificación de la CEE que lo pone al frente de la contienda.

“Todavía no entendemos lo que a simple vista debe ser un ejercicio matemático sencillo de decidir si 2,411 es más que 2,384 y el número que sea mayor debe ser la persona que se certifique como alcalde de los guaniqueños. Aquí se está cometiendo una injusticia contra 14,000 guaniqueños”, mencionó.

“Guánica no es San Juan. Guánica tiene unas necesidades que San Juan no las tiene. Entendemos que Guánica no es quizás del interés del Tribunal de Primera Instancia, pero si lo es para los 14,000 hermanos guaniqueños que vivimos en una miseria diaria”, concluyó.