Cientos de representantes y organizaciones sindicales, políticas, cívicas y sociales se mantenían piqueteando frente al Tribunal federal en Hato Rey en contra del acuerdo entre el gobierno y los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Incluso, hubo manifestantes que pernoctaron desde ayer para hacer su protesta.

Luis Pedraza Leduc, de Prosol, hizo un llamado a la ciudadanía a que se incorporen al reclamo de los manifestantes. “Que todo el mundo entienda que esto nos afecta a todos y todas”, dijo.

Una de las que llegó temprano fue la líder del Partido Independentista puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago.

“Si se acuerda con Cofina aceptar los pagos de los inversionistas, eso quiere decir que lo que se genere en el país como producto del impuesto sobre ventas y uso (IVU) va a ir dirigido de manera prioritaria a los bonistas y, para que esto de para pagarle a los inversionistas, quiere decir que hay que quitarle a los pensionados, a la universidad… esto no es un asunto liviano… es una cosa tremendamente seria”.

La líder insistió en que aquí, en la isla, los pensionados viven en pobreza, por lo que esto “puede tener un efecto terrible para el país”.

Una de las que presentará una ponencia ante la jueza Laura Taylor, que preside el proceso de quiebra del gobierno mediante la ley PROMESA, es Nydia Chéverez, profesora retirada de la Universidad de Puerto Rico. Aunque representa el capítulo de jubilados de la Asociación de Puertorriqueña de Profesores Universitarios, su discurso se enfocará en cómo se afectan los pensionados del país. “Aquí no se está viendo el efecto que esto va a tener en la economía y otras áreas. No se menciona que cuando la persona se pensiona, muchas veces esa pensión no es solo para el pensionado. En su caso, mencionó que tiene dos hijos incapacitados. “Tengo que planificar qué hacer con ellos y conmigo. Si me recortan la pensión trato y no puedo hacer un ahorro, pensando quién va a pagar el home… lo que ellos necesitan eventualmente”. Agregó que hay pensionados que están a cargo de sus padres e incluso, algunos tienen hijos desempleados.

De otro lado, el presidente de la Federación de Maestros Rafael Feliciano, insistió en que “el acuerdo de Cofina en sí mismo privilegia a los más poderosos. El acuerdo plantea que Puerto Rico en un periodo de 40 años, tendría que pagar $32,300 millones de servicio a la deuda. La deuda original de Cofina no llegaba a 7mil millones. La deuda actual, con los intereses, es de $17mil millones, y ellos están planteando que paguen 32,300 millones”.

Feliciano mencionó que el otro elemento es “que el pago de Cofina sube cada año y que la propia Junta de Supervisión Fiscal ha planteado que para el 2023, va a haber una recesión. Sin embargo, plantea por el otro lado, que el IVU va a subir los recaudos. Esto es imposible, por lo tanto, el acuerdo de Cofina es un acuerdo de mala fe”.

La manifestación fue convocada por Prosol-Utier, Federación de Maestros de Puerto Rico y su Comité de Jubilados, Frente Ciudadano por la Auditoria de la Deuda, Coordinadora Sindical, VAMOS, Colectiva Feminista en Construcción, Partido Independentista Puertorriqueño, Colectivo Dignidad, Mentes Puertorriqueñas en Acción, Center for Popular Democracy, Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, UNETE, EDUCAMOS, Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y su Capítulo de Jubilados, Junte de Artistas Boricuas, Unión General de Trabajadores, el Movimiento No a la Reforma Laboral, Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico y la Federación Central de Trabajadores.