El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Edgardo Manuel Román Espada, urgió hoy al gobierno a adoptar las medidas salubristas propuestas para prevenir la propagación del virus COVID-19 en la población penal de Puerto Rico, que incluyen excarcelar confinados.

De esta forma, se unió al reclamo de la Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal (UIASAL), ante el peligro que representa para las personas privadas de su libertad el contagio con el coronavirus.

“El Colegio históricamente ha defendido los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, sin que ello se confunda con promover la impunidad. El momento histórico clama por una visión salubrista integral, no de exclusión”, indicó Román Espada.

“Cumpliendo con nuestro compromiso profesional y social, reiteramos que, ante la propagación a gran escala de este virus, se debe proteger a los confinados, y sobre todo a los más vulnerables, que no representen un riesgo para la comunidad”, expresó, por su parte, la licenciada Maritza Luna, presidenta de la Comisión de Personas Privadas de su Libertad del CAAPR.

La Comisión de Personas Privadas de su Libertad del CAAPR favoreció las propuestas presentadas por la UIASAL para evitar la propagación en masa del virus dentro de las cárceles. Estas son:

· Identificar a las personas que estén a punto de cumplir sus sentencias (que les falten 100 días o menos) y que, después de realizar un análisis de peligrosidad, dichas sentencias se den por cumplidas.

· Realizar con urgencia un censo de la población correccional, que incluya al personal civil, para identificar aquellos casos más vulnerables, tomando en consideración su edad y condiciones preexistentes de salud.

· Se les permita continuar cumpliendo sentencias bajo restricción domiciliaria a aquellas personas que estén confinadas por delitos no relacionados con actos violentos, luego de una evaluación minuciosa de peligrosidad, y también, a las que cuenten con un estado de salud más frágil y que representen mayor riesgo de contagio, siempre que cumplan con los requisitos. Quienes no sean elegibles, deberán ser ubicados en espacios donde su salud sea una prioridad.

· Para permitir que los confinados y confinadas, que cumplan con los requisitos, puedan acogerse al beneficio de libertad condicionada, la Junta de Libertad Bajo Palabra debe acelerar las evaluaciones.

Según el Colegio, ha circulado muy poca información sobre las medidas del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DRC) para prevenir o enfrentar la posible propagación del COVID-19 dentro de las instituciones penales, aunque la Junta de Libertad Bajo Palabra ha hablado de posibles excarcelaciones un tema inicialmente promovido en la isla por el senador Héctor Martínez.

Se desconoce, además, el porcentaje de personas en prisión mayores de 65 años que padecen, al menos, una de las condiciones que aumenta significativamente los riesgos a la salud, en caso de contagio con el COVID-19, informó el Colegio.