El representante popular Orlando Aponte Rosario, quien encara una orden de protección por un incidente de violencia machista contra su esposa, ocurrido el pasado 13 de abril en una residencia en Dorado y que el legislador no notificó al cuerpo legislativo, será referido a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, informó que radicará la queja contra Aponte Rosario hoy y también lo relevó de la presidencia de la Comisión de lo Jurídico y de la presidencia de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal. Como pate de la orden judicial emitida el 13 de abril, al legislador se le ocuparon seis armas de fuego, para las cuales se alega que tiene licencia.

“A raíz de la determinación judicial de expedir una orden de protección ex-parte contra el representante del Distrito 26, Orlando Aponte Rosario, y su omisión de informarnos por más de una semana sobre esta situación, estoy citando al representante Aponte Rosario a un caucus, el próximo martes, 25 de abril, para que rinda cuentas ante la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, y diga toda la verdad referente a este incidente”, indicó el líder cameral en declaraciones escritas.

Dijo, asimismo, que hoy envió requerimientos de información al Departamento de Seguridad Pública (DSP), incluyendo el Negociado de la Policía, para corroborar si hay una querella radicada en contra del representante por estos hechos y al Departamento de Justicia para que se certifique si hay o no una pesquisa en curso.

Indicó que un tercer requerimiento de información fue dirigido a la Administración de los Tribunales, solicitándoles que certifiquen la orden de protección y que entreguen la grabación de la vista en la cual se otorgó dicha orden.

“La Cámara de Representantes tiene estrictos controles para salvaguardar la confidencialidad de todo documento, grabación y cualquier otro material relacionado a un asunto tan sensitivo como este. Dejamos claro que nuestra intención jamás será revictimizar a la perjudicada y que tampoco intervendremos en los trámites pendientes ante el tribunal”, sostuvo Hernández Montañez, quien indicó que Aponte Rosario será removido inmediatamente de la presidencia de la Comisión de lo Jurídico y de la presidencia de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal.

“Como notificamos ayer, luego de revisar las disposiciones de nuestro Código de Ética y reglamento, hoy radicaré una queja y referiré al representante Aponte Rosario a la Comisión de Ética de la Cámara, el organismo encargado de evaluar la conducta y disciplina de los integrantes de este cuerpo legislativo, para que se inicie una pesquisa lo antes posible y se emita un informe con una recomendación al pleno cameral”, detalló el Presidente de la Cámara.

“No vamos a tolerar el tipo de conducta que se le imputa al representante Aponte Rosario, por lo que, de confirmarse esta información, actuaremos con la firmeza, transparencia y el rigor que nos ha caracterizado, y el representante tendrá que pagar por sus actos. No nos temblará el pulso para exigirle la renuncia o expulsarlo, de ser necesario”, sentenció.

El portavoz del PPD en el cuerpo legislativo, Ángel Matos García, por su parte, anticipó que convocará para el martes próximo a la Comisión de Ética a una primera reunión.

“Voy a convocar para el martes a las 11:00 de la mañana. Repasaremos las reglas, los términos y los derechos que tiene el compañero y comenzaremos los trabajos”, dijo Matos García, quien preside la Comisión de Ética.

Sostuvo que la situación del legislador “es triste y delicada porque aquí no estamos hablando de una orden de la Ley 54 ex parte, sino de una orden de desalojo. Algo promovió el reclamo de la esposa que hasta las armas se las recogieron”, indicó Matos García.

“La Cámara debe actuar de forma inmediata”, reclamó por su parte, el portavoz alterno de la minoría novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló.

¿Qué alega Aponte Rosario?

El representante a la Cámara por el Distrito 26 (Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo) dijo por su parte, que intentó informarle de la orden judicial al presidente de la Cámara, pero no pudo.

“El Presidente de la Cámara estuvo fuera de Puerto Rico la semana pasada cuando ocurrieron estos incidentes, lo llamé varias ocasiones, pero no lo conseguí. Realmente no encontré un momento oportuno para expresarle una situación tan delicada, estaba buscando el momento para hacerlo”, reclamó Aponte Rosario.

Dijo que se propone pedir al tribunal, a través de su abogada, Mayra López Mulero, que la vista en torno a la querella de violencia doméstica a la que fue citado para el 22 de mayo, sea adelantada. “Quisiera que esto se adelante lo más posible”, expresó.

“Confío en que se va a saber la verdad, tengo paz en el sentido en que voy a salir bien”, reclamó el legislador, quien en los pasados meses presidió las vistas en la Cámara sobre los cinco proyectos relacionados al aborto.

Según alega su esposa en la petición de orden al amparo de la Ley para la Intervención contra la Violencia Doméstica, el legislador la agredió frente a los hijos del matrimonio de 3 y 6 años y le dijo que tenía que seguir las reglas.

“Aquí el macho soy yo”, alega la mujer que fueron las palabras del legislador, además, de indicarle que “no sirve, que no vale nada, que su trabajo no sirve y que ella no es nadie sin él”. Además, lo acusó de hablarle mal de ella a sus hijos, “que ella está loca y que si los regaña que le den”.

La jueza del Tribunal de Toa Baja, que atendió la querella ex parte, ordenó al legislador desalojar sus pertenencias del hogar y se le ocuparon seis armas. La orden establece que Aponte Rosario no puede acercarse al hogar de los familiares de la fémina, su lugar de trabajo y a la escuela donde asisten los menores.

Las armas incautadas son: dos escopetas, un rifle y tres pistolas.