La gobernadora Jenniffer González Colón se reunirá la próxima semana con el liderato del Caño Martín Peña, en San Juan, para dialogar sobre las peticiones que le lanzaron durante el inicio del dragado de este cuerpo de agua.

Específicamente, las peticiones realizadas durante el evento de la primera piedra del dragado es que se les excluya de la aplicación del Código de Planificación y Permisos que evalúa en la actualidad la Legislatura, así como una orden ejecutiva para extender la vida de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, encargada de coordinar e implementar los proyectos públicos a favor de las comunidades conocidas como G-8: Las Monjas, Israel y Bitumul, Barrio Obrero Marina, Buena Vista Hato Rey, Parada 27, Barrio Obrero-San Ciprián, Buena Vista Santurce y Cantera.

“Vamos a reunirnos la semana que viene”, precisó la gobernadora sobre la petición, al destacar que el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña, es natural de la zona del Caño.

Sobre la petición para que no les aplique el nuevo Código para los permisos, el director ejecutivo del Proyecto Enlace, Mario Núnez Mercado, comentó a Primera Hora que la medida impulsada por González Colón “le quita facultades a unas entidades que ya están establecidas constitucionalmente, que tienen una responsabilidad, se las quita y descarga esa responsabilidad en tres miembros (del gobierno), donde no hay ni representación de las comunidades, del sector comunitario, del sector privado. Todos son entes gubernamentales, donde dos secretarios auxiliares responden a un secretario (el del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio)”.

Añadió que, excluir al Proyecto Enlace, que es una corporación pública, “permitiría seguir ejecutando e implantando el plan tal como se trabajó con la comunidad”.

Más allá del dragado, la comunidad lucha por su desarrollo integral y en contra del desplazamiento, ya que están ubicados a pasos de la Milla de Oro, en Hato Rey.

En cuanto a la extensión del periodo de vida de la corporación pública Proyecto Enlace, la líder comunitaria de la Parada 27, Aileen Morales, explicó que la fecha de culminación de las funciones de la mismas es al 2029. Sin embargo, el proyecto que inició hoy del dragado culminará en unos cinco años, que pudiera ser al 2031.

La comunidad señaló que, más allá de esta obra, quedarían otros proyectos por hacer allí, como el desarrollo pluvial, de espacios comunitarios y de vivienda digna. Por ello, se considera que la extensión de la vigencia de la corporación debe ser al 2034 o 2035.