Tras múltiples intervenciones en el municipio de Cataño, que incluyó varias incautaciones de computadoras, la Oficina del Contralor publicó anoche un informe que “revela un patrón consistente de uso indebido de propiedad, fondos, personal y sistemas del municipio de Cataño para actividades ajenas al interés público, incluyendo actividades político-partidistas y decisiones administrativas tomadas en contravención a legislación aplicable”.

La mayoría de las irregularidades señalan el uso del municipio para hacer campaña política.

El periodo en que ocurrieron los hechos identificados por la investigación que realizaron los auditores del Contralor fue del 10 de diciembre de 2020 al 12 de febrero de 2025.

Ante el hallazgo de irregularidades, la Oficina del Contralor realizó varios referidos al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, así como al presidente de la Legislatura Municipal.

El actual alcalde Julio Alicea Vasallo entró al municipio el 19 de diciembre de 2021, por lo que la pesquisa incluyó parte de la administración del convicto exalcalde Félix “El Cano” Delgado.

Entre los hallazgos se destaca uno que afirma que se usaron fondos y recursos públicos para la campaña del alcalde. No se precisa si fue de Delgado o de Alicea Vasallo. No obstante, las únicas elecciones reportadas durante el periodo analizado por el Contralor ocurrieron en el 2024 y el que aspiró fue Alicea Vasallo.

Sobre los hechos, el Contralor indicó en su informe que “se determinó que el municipio contrató servicios de una compañía publicitaria, cuyos artes y elementos gráficos coincidían con los utilizados en la campaña política del alcalde. Se pagaron diseños, impresiones, artículos promocionales y materiales cuyas estéticas —tipografías, colores e imágenes— repetían la utilizada en el Comité político del alcalde. Incluso se facturaron artículos de campaña directamente al municipio, y algunos empleados recibieron en sus correos institucionales, durante horas laborables, información vinculada a esos servicios. Esto implica uso de fondos públicos para actividades político-partidistas, en violación de leyes de ética, financiamiento de campañas y uso de propiedad pública”.

Otros hallazgos incluyen “documentos ajenos a la gestión pública identificados en las computadoras asignadas a una funcionaria y a una empleada municipal, y el uso indebido de los sistemas de información para fines político-partidistas; utilización del puesto oficial para adelantar intereses político-partidistas; diferencial de sueldo pagado a una empleada que no cumplía con los requisitos de ley para ocupar un puesto interinamente, pagos indebidos por $75,623 para servicios legales brindados sin enmendar contratos, y otras deficiencias relacionadas con contratos, uso indebido de vehículos pesados y empleados para propósitos ajenos a la gestión pública, (así como) deficiencias relacionadas con el registro diario de movimiento de los vehículos municipales”.

Reacciona el alcalde

Esta mañana, el alcalde de Cataño y quien recientemente anunció su padecimiento de cáncer no presentó una reacción a cada uno de los hallazgos. Se centró en atacar el informe que se presentó. Estableció que es “un informe viciado, incompleto y deficiente, producto de una investigación carente de transparencia y de elementos esenciales del proceso, lo que a su vez limitó el derecho del municipio a responder a los alegados hallazgos previo a su divulgación pública”.

Indicó que la presentación del informe representa un alegado “desacato” al tribunal, ya que había un pleito entre ambos entes sobre el controversial informe.

Dijo que “el asunto se encontraba formalmente ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia y existía una Orden de Mostrar Causa emitida por el Tribunal requiriéndole expresamente a la Oficina del Contralor justificar por qué no debía concederse el remedio solicitado por el Municipio: impedir precisamente la publicación del informe sin antes brindarle la oportunidad de confrontarlo y comentarlo mientras se resolvía la controversia judicial presentada”.

Alegó que, al revelarse el informe, se privó al municipio del proceso que realizaba en el tribunal para poder confrontar los hallazgos.

“Se trató de una actuación deliberada que tuvo el efecto práctico de derrotar el remedio solicitado, hacer irreparable el daño y convertir en académica la controversia antes de contestarle al Tribunal”, dijo.

Explicó que, “previo a la divulgación del informe, el municipio levantó cuestionamientos documentados sobre la objetividad, parcialidad y conducta de uno de los auditores participantes en la investigación, incluyendo alegaciones sustentadas mediante declaraciones juradas relacionadas con actuaciones incompatibles con un proceso imparcial y objetivo”.

El alcalde alegó que, ante sus señalamientos, el Contralor realizó varias acciones correctivas. No precisó cuáles.

“La controversia nunca ha girado en torno a evitar fiscalización ni ocultar información pública. Todo lo contrario. El municipio siempre ha sostenido que toda investigación gubernamental debe conducirse con objetividad, transparencia y respeto a principios elementales de debido proceso, particularmente cuando se trata de señalamientos que afectan institucionalmente a un municipio, a funcionarios públicos y a la confianza ciudadana”, señalan las declaraciones escritas.

PPD dice que tenía razón

Mientras, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Cataño, Norberto “Nini” Torres, reaccionó al informe en un comunicado de prensa. Aseguró el “el tiempo me ha dado la razón”.

“El país puede ver hoy que nuestras denuncias tenían fundamento. La Oficina de la Contralora confirmó un patrón alarmante de uso indebido de propiedad, fondos, empleados y sistemas municipales para adelantar intereses político-partidistas”, expresó Torres. “Estamos hablando de alegaciones extremadamente serias que incluyen el uso de computadoras, correos electrónicos, vehículos, empleados y dinero del pueblo de Cataño para beneficiar intereses políticos personales. Eso es inaceptable”, añadió.

Mientras, el exadministrador municipal y exsecretario del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Cataño, Omar Aponte, reclamó la renuncia del alcalde ante lo que llamó “graves hallazgos y referidos” de la Oficina del Contralor.

En sus declaraciones escritas reveló que renunció al municipio por las presuntas irregularidades que habían en la administración de Alicea Vasallo.

“Mi compromiso con el pueblo de Cataño y con los valores de la sana administración pública me obligan a dar un paso al frente. El 30 de abril de 2025 renuncié a mi posición, porque no iba a ser cómplice de la falta de profesionalismo, los maltratos y las humillaciones contra los empleados municipales. Hoy, el informe de la Oficina del Contralor confirma que el desmadre no era solo humano, sino también administrativo, legal y ético. El señor Julio Alicea Vasallo ha perdido toda legitimidad moral para continuar dirigiendo nuestro municipio y debe renunciar inmediatamente”, sentenció Aponte.