Ante los brotes de COVID-19 en cuatro instituciones correccionales, la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, informó este miércoles que ordenó un “lockdown” del 11 al 30 de noviembre en todas las cárceles.

Se indicó que dicho cierre excluye a los Centros de Tratamiento Social.

Escobar Pabón explicó que esta directriz implica que se suspenden las visitas familiares. Además, mencionó que se cancelan las salidas de las brigadas de ornato, los traslados entre instituciones, las actividades en el interior y exterior de las instituciones, y el movimiento de confinados a trabajar a otras instituciones correccionales. También, establece el cumplimiento de los periodos de cuarentena.

“Es importante que los familiares de los confinados sepan que en el Departamento de Corrección y Rehabilitación contamos con un epidemiólogo asignado por el Departamento de Salud y junto a personal de Physician Correctional se trabaja con diversas estrategias para controlar la propagación del virus, entre estas la realización de pruebas moleculares y el aislamiento de confinados contagiados en un mismo módulo. El 98% de los empleados de la agencia están vacunados, algunos ya en terceras dosis y se coordina la vacunación masiva de confinados en tercera dosis”, destacó la funcionaria en un comunicado de prensa.

La secretaria informó que al momento se reportan 90 casos positivos entre confinados en el Campamento Zarzal de Río Grande. Dijo, además, que en el Anexo Sabana Hoyos 384 de Arecibo, 44 confinados y cuatro oficiales correccionales arrojaron positivo. La funcionaria notificó también que en el Centro de Detención del Oeste en Mayagüez, 129 confinados y dos oficiales correccionales están contagiados y confirmó otros nueve casos en Ponce Principal.

Escobar Pabón aseguró que activó el protocolo y que los confinados son atendidos por personal médico de la institución ya que ninguno ha requerido hospitalización.