Pese a que hay una demanda de por medio para detener los procesos, el Departamento de Corrección y Rehabilitación sigue con sus planes de quitarle el contrato a Physician Correctional para prestar servicios de salud a los presidiarios.

El proceso ya está bastante adelantado y la agencia está a punto de comenzar las entrevistas a los 12 proveedores de salud que están interesados en obtener el millonario contrato.

“Hemos seguido trabajando lo que es las propuestas, el análisis de las propuestas y ahora estamos citando a los 12 proveedores para que haga una presentación oral de su propuesta y que el equipo del Departamento de Corrección pueda hacer las preguntas”, sostuvo el secretario, Francisco Quiñones Rivera, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Explicó que hoy, martes, tendrá una reunión con abogados internos y externos del Departamento de Corrección para finiquitar un proceso similar para evaluar a las empresas interesadas.

“Ya tenemos diseñado lo que van a hacer las entrevistas o exposiciones que le vamos a dar a cada uno de los 12 proveedores de salud. Se les va a dar una hora, ya estamos escogiendo martes, miércoles y jueves para atacar esto bastante rápido. Se le va a dar una hora para que presenten las propuestas que sometieron por escrito y el comité tendrá una hora adicional, aproximadamente, para hacer preguntas. Lo que estamos desarrollando en estos días, porque no queremos hacer algo desorganizado, es hacer un tipo de preguntas estructuradas, de tal manera que más o menos se le hagan las mismas preguntas a cada uno de ellos y no poner a nadie en ventaja o desventaja. Así que eso está bien adelantado”, aseguró.

Tras este proceso, la agencia espera seleccionar al o los proveedores de salud del sistema correccional.

No obstante, en los tribunales todavía queda pendiente una demanda que radicó Physician Correctional para evitar que le quiten el contrato.

El proceso de la demanda es atendido por el Departamento de Justicia. Está en etapa de mociones, lo que Quiñones Rivera dijo es un proceso ordinario.

No obstante, el funcionario aseguró que “ese asunto, en el momento, no ha incidido sobre las determinaciones que estamos haciendo en el Departamento”.

Por lo pronto, Physician Correctional continúa a cargo de los servicios de salud en Corrección.

“Los confinados no se van a quedar sin servicios médicos. En su momento, habrá una transición organizada como ha ocurrido antes”, dijo el titular.

Las movidas para terminar el contrato con Physician Correctional ocurrieron ante el disgusto de la gobernadora Jenniffer González Colón que surgió a raíz del incidente registrado en el caso de Hermes Ávila Vázquez, quien cometió un feminicidio contra Ivette Joan Meléndez Vega mientras disfrutaba de un pase extendido concedido por Corrección por unas condiciones médica que no padecía, como ser paciente de SIDA y ser parapléjico.

En la investigación del caso, trascendió que un panel de médicos de la empresa analizó el caso. Nunca detectaron que el hombre podía caminar y no sufría de enfermedades terminales.