El presidente del Senado, José Luis Dalmau, no pudo garantizar este miércoles que dicho cuerpo legislativo apruebe durante la presente sesión ordinaria la propuesta cameral que congelaría por un período de seis años el impuesto al inventario.

“(La medida) está en la Comisión de Hacienda del Senado, pero quedan dos días (para aprobar medidas nuevas). Vamos a ver si la Comisión de Hacienda puede atenderlo en dos días… pienso que es cuesta arriba, pero hay unos trabajos adelantados”, puntualizó Dalmau en referencia al Proyecto de la Cámara 1798.

La medida, de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, además de fijar un tope temporal del impuesto al inventario, dispone su derogación, una vez concluido el período de seis años, e impide su sustitución a través de cualquier mecanismo alterno.

“En el sexto año culmina el impuesto al inventario y no se puede sustituir por ningún tipo de mecanismo ni se puede legislar, ni hacer algún tipo de ajuste que cree una imposición que grabe lo que no se venda de ese inventario”, explicó Hernández Montañez.

El tope estaría vigente entre los años naturales 2023-2028.

El impuesto al inventario es un renglón de la contribución sobre la propiedad mueble que resulta en una fuente de ingreso significativa para la mayoría de los municipios. Usualmente, estos fondos son utilizados por los ayuntamientos para proveer servicios a la ciudadanía y cumplir con sus obligaciones.

La contribución sobre el renglón del inventario representa unos $281 millones anuales, $150 millones de los cuales están destinados para la amortización y redención de obligaciones generales del Estado y los municipios.  No obstante, comerciantes han reclamado que la imposición del impuesto desincentiva que se mantenga un inventario de artículos de primera necesidad.

“Esto es un tema de contraste. Este tema es la visión que tiene un legislador desde el punto de vista de desarrollo económico, desde el punto de vista de justicia…esto tiene un impacto significativo en la forma de hacer negocios en Puerto Rico”, afirmó el líder cameral.

Como parte de la discusión legislativa, también se acordó que cuatro de los siete miembros del comité evaluador respondan a los municipios. Los otros tres espacios restantes serán ocupados por representantes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Cámara de Representantes y el Senado. Este grupo -que deberá emitir informes trimestrales a partir de enero de 2024- evaluará los mecanismos para la reforma permanente del impuesto al inventario.

“Durante dicho termino el comité evaluador deberá haber identificado fuentes alternas para la sustitución de los ingresos que genera el renglón del impuesto al inventario y sometido la legislación correspondiente para la implementación”, lee la media que agrega que, de no lograrse la identificación de fuentes alternas, el comité continuará en funcionamiento.

Hernández Montañez no anticipó contratiempos con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ya que el organismo formó parte de la discusión y los acuerdos alcanzados, dijo. En una una comunicación enviada previamente a la Cámara, el ente fiscal había establecido que congelar el impuesto al inventario, además de aumentar la disponibilidad de productos, disminuirá el precio al por menor, lo que mejoraría el ambiente empresarial.

“El problema no tiene que ver con la Junta. El problema va a ser realmente la dinámica política”, anticipó Hernández Montañez.

El Proyecto de la Cámara 1798 recibió el aval de la Cámara de Representantes en la sesión del martes.