Ante la falta de personal en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para atender las querellas relacionadas a la Ley de Condominios del 2020, el representante Ricardo “Chino” Ocasio Ramos se apresta a radicar un proyecto para trasladar la jurisdicción de estos casos a los tribunales.

El presidente de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes hizo el anuncio ayer luego de una vista pública llevada a cabo bajo la Resolución de la Cámara 267, que investiga el cumplimiento por parte de las Juntas de Directores o Consejos de Titulares de Condominios con sus deberes impuestas por ley, en particular en lo referente al manejo de cuotas, derramas y fondos de seguros, así como el acceso a información financiera a la que tienen derechos los condómines.

Asimismo, se analiza la protección de los derechos de los adultos mayores residentes en los condominios que incluye la evaluación de la capacidad fiscalizadora de la mencionada dependencia.

El representante Ocasio Ramos señaló que después de las vistas de ayer, “nos dimos cuenta de que DACO no tiene las herramientas necesarias para poder trabajar estos asuntos de los condominios, así que vamos a estar presentando un proyecto para enmendar la ley de modo que la jurisdicción de DACO vaya directo a los tribunales”.

Ocasio Ramos explicó que con estas enmiendas “será más rápido el proceso ya que la querella va directo al Tribunal”.

Durante los trabajos de la Comisión, depuso el licenciado Gabriel Sicardó Ocasio, de la División Especial de Adjudicación de Querellas de Condominios -quien en representación de la secretaria del DACO, la licenciada Valerie Rodríguez Erazo- indicó que la Ley de Condominios no le da facultad a la agencia para “investigar, fiscalizar ni auditar la gestión administrativa y fiscal de los condominios”.

“Si bien la Ley Orgánica del DACO concede herramientas amplias a la agencia, nuestra función principal es la de adjudicar controversias de manera justa e imparcial”, por lo que Sicardó Ocasio señaló que la dependencia solo podía ilustrar a la Comisión sobre los procedimientos administrativos y el trámite de las querellas que le son sometidas.

A preguntas del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz sobre la efectividad de la ley para resolver querellas, el deponente opinó que “desde mi experiencia, los mecanismos que tenemos disponibles en el DACO pueden ser efectivos para la resolución de las querellas de condominios”.

Sin embargo, sostuvo, que “la limitación que no nos permite esa efectividad al 100% es la falta de recursos humanos para poder atender la gran cantidad de querellas en un término que nos permita conforme a la Ley de Procedimientos Administrativo Uniforme (LPAU) cumplir con ese mandato de resolución de querellas”.

Y es que, según el también juez administrativo, la entidad cuenta con solo 10 jueces para atender las querellas, no tan solo bajo la Ley de Condominios, sino las otras leyes que están bajo su consideración, los cuales se dividen en cinco para el área metro dos en Ponce, uno en Caguas, una jueza en Mayagüez y una en la oficina ubicada en Arecibo.

Según información que presentó Sicardó Ocasio, DACO tiene querellas activas que se dividen en 327 en la zona de San Juan, 26 en Caguas, 12 en Ponce, 23 en Mayagüez y 29 en Arecibo.

De igual manera, informó que a pesar de que existe la Ley 147 del 2019, conocida como “Ley de Procesos Administrativos Expeditos para Personas de la Tercera Edad”, la cual da unos términos para atender las querellas de adultos mayores, “no obstante aclaramos que las querellas de condominios a diferencia de las demás que atendemos en el DACO, por su naturaleza, no necesariamente se pueden resolver en un término limitado de tres meses”.

Sicardó Ocasio abundó que en ocasiones “la naturaleza de la controversia nos ha llevado resolver querellas de años porque la complejidad del proceso se torna tan contenciosa que al DACO se le hace imposible resolver de una manera mucho más rápida la querella”, aunque aseguró que la agencia persigue cumplir con la legislación vigente.

El término de que se presente un reclamo ante el foro y DACO notifica a las partes, que es cuando comienza el proceso administrativo, debe tomar de 30 a 90 días.

“Ahora mismo, podemos mencionar que tenemos cerca de 173 reclamaciones pendientes para ser procesadas y la escasez de personal en la agencia no nos permite acelerar el proceso de radicación. En San Juan- tenemos al 30 de septiembre- 165 reclamaciones presentadas para dos radicadoras que atienden no tan solo casos de condominios sino un sinnúmero de querellas de otros temas que atendemos va a cuentagotas, pero se están atendiendo, para bajar esos números va a requerir de una asignación mayor”, añadió el funcionario de DACO.