La aprobación de la Ley 54 de violencia doméstica confirmó la necesidad de establecer un mecanismo particular que atienda las complejidades de esos casos, y las personas a las que ahora no les aplica ese estatuto están desprotegidas y reciben un trato desigual por parte del estado, afirmó la presidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lassén.

Favoreció el proyecto que enmendaría la Ley 54 para cobijar a todas las parejas independientemente de su estado marital, su orientación sexual o identidad de género al afirmar que, contrario a lo que argumentan los opositores de la medida, esa población actualmente no está protegida por otras leyes como la ley contra el acecho o el Código Penal en el ámbito de la violencia entre parejas.

"Solo con la Ley 54 las personas víctimas de violencia doméstica obtienen la mejor protección porque es dicha ley la única que atiende orgánicamente todas las complejidades que implican para una persona ser víctima de violencia por parte de la persona más cercana a la misma, su pareja", indicó este miércoles la abogada en vistas públicas de la comisión cameral de lo Jurídico.

Rivera Lassén, quien participó en el proceso que culminó con la aprobación en 1989 de la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica, recordó que durante ese debate también se cuestionó la necesidad de aprobar un estatuto especializado, o si la penalización de actos como las agresiones agravadas representaban protecciones suficientes.

"Hacía falta una pieza especializada porque era un problema especializado", destacó.

A modo de ejemplo, la presidenta del Colegio de Abogados argumentó que la Ley 54 contiene disposiciones relacionadas con la expedición de órdenes de protección de mayor alcance que la ley de acecho, que también incluye ese tipo de mecanismos.

La falta de un remedio legal en esos incidentes para las parejas del mismo sexo evitó que el activista Pedro Julio Serrano Burgos denunciara por maltrato a quien fuera su primera pareja.

El fundador de la organización Puerto Rico para [email protected] reveló durante la audiencia pública que fue víctima de maltrato emocional, sicológico, verbal y físico, y no pudo tomar acción contra su agresor por carecer de las proteciones de la Ley 54.

Serrano Burgos censuró una opinión del Tribunal Supremo que determinó que el referido estatuto no cobija a las parejas del mismo sexo, aun cuando el texto de la pieza y su historial legislativo no hacían ningún tipo de exclusión en su aplicación.

"Este proyecto de ley pretende corregir un supremo disparate. Sí, fue una desacertada, inhumana, inmoral e inconstitucional decisión del Tribunal Supremo en el 2003, en el caso Pueblo v. Ruiz Martínez que determinó que la Ley 54 de Violencia Doméstica no cobija a las parejas del mismo sexo. En aquel entonces y ahora, esa nefasta decisión tuvo el efecto de tratar a las personas LGBTT como ciudadanos de segunda clase, privándonos de derechos reconocidos a las personas heterosexuales", argumentó Serrano.

Citó un estudio del sicólogo y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, José Toro Alfonso, que concluyó que un 30% de las parejas heterosexuales y 30% de las parejas del mismo sexo viven en relaciones de violencia doméstica.

"La exclusión de las parejas del mismo sexo y de las relaciones fuera del matrimonio de la protección de la Ley 54 lo que logra es que el agresor viva dentro de una sociedad que le permite salirse con la suya. En una pareja del mismo sexo o en una relación fuera del matrimonio, es muy probable que el agresor cometa el acto violento sabiendo que legalmente no le sucederá nada", sostuvo Serrano Burgos.

Mientras, Amárilis Pagán, del Proyecto Matria, que asiste a mujeres sobrevivientes de violencia de género, resaltó que la carencia de proteciones legales coloca a las víctimas de violencia doméstica pertenencientes a la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero (LGBTT) en un estado de indefensión mayor, pues muchas se resisten a buscar ayuda por temor al trato que recibirán por parte de las autoridades, o porque estiman que tendrán que revelar su preferencia sexual como parte del proceso.

Durante el intercambio de preguntas con Serrano Burgos, el activista tuvo un encontronazo con la representante novoprogresista María Milagros Charbonier, cuando la legisladora solicitó al ponente que proveyera una definición de "orientación sexual", y posteriormente cuestionó si bajo ese concepto las personas que abusan sexualmente de menores podrían estar protegidas por las enmiendas propuestas.

"La pedofilia no es una orientación sexual. Es una aberración, es un crimen", ripostó el activista de la comunidad LGBTT.

De inmediato, Charbonier le replicó: "Yo lo defino y lo definen como una orientación sexual".

El representante popular y presidente de la comisión investigadora, Luis Vega Ramos, coautor de la pieza junto a los representantes Carlos Vargas y José Báez, intervino en la discusión, y Charbonier culminó su turno de preguntas.

Tras anunciarse la presentación de la medida al principio de la sesión, organizaciones religiosas de distintas denominaciones celebraron una multitudinaria protesta frente al Capitolio en rechazo al proyecto de ley y en defensa de la llamada "familia tradicional" bajo la creencia de que su aprobación abriría la puerta para que se le reconozcan otros derechos a las parejas homosexuales, como el matrimonio.

Este miércoles, ningún grupo moralista o religioso estuvo citado a declarar ante la Comisión de lo Jurídico, pero Vega Ramos anticipó que el proceso sería extenso.