En su primer día como presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, anunció que entre sus primeros pasos estará la derogación del Código Electoral y de la Reforma Laboral, así como la aprobación del Proyecto de la Cámara 120 que le daría paso a la “Ley para un Retiro Digno” como mecanismo para proteger las pensiones de los empleados gubernamentales.

“Lo vamos a aprobar y si nos lo vetan y si no lo atiende la Junta, lo vamos a defender en los tribunales o en los foros que sean necesarios”, señaló el presidente cameral en referencia a la medida de la autoría de la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Lourdes Ramos.

Ayer, domingo, sobre 18 organizaciones laborales exigieron la aprobación de la medida antes del próximo 10 de febrero, fecha para la cual el gobierno debe haber entregado ante la jueza federal Laura Taylor Swain un acuerdo con los acreedores o un plan de ajuste para revisar la deuda pública, que incluiría recortes a las pensiones de empleados públicos.

Tatito Hernández juramenta como presidente de la Cámara

El Proyecto de la Cámara 120, que tiene como coautor al representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márques, revive una medida que se quedó en la Legislatura el año pasado.

Igualmente, Hernández Montañez firmó su primera orden ejecutiva declarando una emergencia presupuestaria fiscal en la Asamblea Legislativa para así poder hacer los ajustes necesarios. Entre esos ajustes, está eliminar la duplicidad de gastos y funciones en la superintendencia y las comisiones conjuntas.

“Nosotros tenemos tres comisiones conjuntas, la Superintendencia y la Cámara. En cada una de esas entidades hay un director de Finanzas y hay un director de Compras y de Recursos Humanos…todos esos directores están a razón de $5,000 y $6,000, entre cinco son $25,000”, argumentó Hernández Montañez.

Advirtió, no obstante, que velarán que medidas de ajuste similares también se tomen a nivel del Ejecutivo. “Si nosotros lo hacemos en nuestra casa, vamos a velar que el gobierno central también se ajusta a la realidad financiera del pueblo puertorriqueño”, advirtió.

Hernández firmó, además, una segunda orden administrativa para garantizar la divulgación continua de la información pública como medida para prevenir la corrupción gubernamental y los conflictos de intereses. “Que el pueblo de Puerto Rico tenga acceso pleno e inmediato sobre los documentos e información que acredite el funcionamiento y la operación de este cuerpo legislativo”, subrayó.

Una tercera orden administrativa busca, por su parte, establecer las guías del registro de cabilderos. “El pueblo quiere saber quiénes son, qué persiguen, a quienes aportan y a quienes representan. El que tenga un fin legítimo que discutir con cualquier de nuestros 51 representantes que lo haga de frente a pueblo”, sentenció.

Hernández Montañez dijo que, además, ya se radicó una resolución para investigar el contrato de Luma Energy.