La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) archivó el caso ético presentado contra la delegada congresional, Elizabeth Torres, por haberle solicitado al gobernador Pedro Pierluisi un indulto total para su esposo, Edwin Domínguez Torres.

Así lo informó este jueves el director ejecutivo de la Oficina, Luis A. Pérez Vargas, tras culminarse la investigación que emprendieron los abogados del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo por un planteamientos que se recibió contra Torres.

La imputación aludía a que la funcionaria, dedicada al cabildeo en la capital federal en favor de la estadidad, había incurrido en un conflicto de intereses al utilizar su puesto para solicitar un indulto total a su pareja.

A Domínguez Torres, la exgobernadora Wanda Vázquez le concedió un indulto condicional por una convicción relacionada a un caso violencia de género y maltrato infantil presentado por quien fuera su esposa y pasada candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro.

En su contra pesaba una sentencia de ocho años y un día de cárcel. Se le impuso la pena tras ser declarado culpable el 6 de diciembre 2019 por violar una orden de protección a favor de una menor, en este caso la hija de Lúgaro, ya que publicó fotos en las redes sociales. Además, fue declarado culpable de tres cargos de violación de órdenes de protección al amparo de la Ley 54 de Violencia Doméstica y la Ley 246 de Bienestar de Menores, en diferentes instancias.

En el indulto concedido, se informó que “la clemencia es de cuatro años con varias condiciones, como no comunicarse, dirigirse ni relacionarse, directa o indirectamente, ni por ningún medio de comunicación o electrónico, con las partes perjudicadas ni con sus familiares, y permanecer bajo arresto domiciliario por el término de dos años, entre otras restricciones. Advirtiendo que cualquier violación a las condiciones resultaría en la revocación del indulto condicional”.

La revelación de que Torres solicitó la eliminación de tales restricciones la hizo el gobernador Pierluisi el 21 de septiembre de 2021 durante una conferencia de prensa. Desde ese entonces, Ética Gubernamental evaluaba el planteamiento ético realizado contra la delegada.

Según el director de la OEG, “la investigación realizada por la licenciada Alexandra Rivera Ríos, de la OEG, incluyó entrevistas o requerimientos a seis testigos, todos servidores públicos de La Fortaleza, corroboración de información y documentos”.

Añadió que, “de acuerdo a la declaración de los testigos, la delegada sostuvo una reunión en La Fortaleza el 18 de junio de 2021, para conversar sobre la función que realizarían los delegados congresionales a favor de la estadidad a partir de 1 de julio de 2021, fecha en que según la Ley para crear la delegación congresional de Puerto Rico, Ley Número 167 de 2020, iniciarían sus funciones como servidores públicos. Al finalizar la reunión, la delegada Torres Rodríguez trajo a discusión el tema sobre una petición de modificación del indulto a su pareja. Cada testigo entrevistado que tuvo alguna comunicación o reunión con la delegada sostiene que la petición la realizó como cualquier ciudadano que agota un trámite permitido en ley y no en función de su cargo, lo que hubiera podido representar una violación a la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Según los testimonios recabados como parte de la investigación, cualquier persona puede presentar una solicitud de clemencia ejecutiva”.

Ante la falta de evidencia, el caso ético contra Torres se archivó. “No obstante, de surgir información concluyente en el futuro, en esta o en cualquier otra investigación culminada en la Oficina, los abogados de la OEG pueden iniciar un nuevo proceso de investigación”, señaló Pérez Vargas.