El exasesor del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y veterano militante y organizador del Partido Nuevo Progresista, Eduardo “Tito” Laureano, negó tener un vínculo con Apex General Contractors, compañía relacionada con la fallida compra de un millón de pruebas de COVID-19.

Laureano, quien además fue asesor legislativo, reaccionó también a la orden de la gobernadora Wanda Vázquez, quien ayer informó la cancelación de cualquier contrato activo que tenga con el gobierno.

"Según se alega, esta cancelación responde a mi supuesta vinculación con la empresa APEX y el Lcdo. Juan Maldonado. Esta alegación es totalmente falsa", indicó Laureano a través de declaraciones escritas.

"Declaro y reitero que este servidor no tiene, ni nunca ha tenido, vínculo alguno con dicha empresa. En días recientes, el Lcdo. Juan Maldonado se comunicó conmigo para solicitarme el número telefónico del Dr. Segundo Rodríguez Quilichini. Le brindé el número del doctor al Lcdo. Maldonado, y hasta ahí llegó mi único contacto con él. Fue después que sale a relucir la ya conocida controversia de esta empresa que me entero que el Lcdo. Maldonado estaba vinculado a APEX", sostuvo.

El gobierno había dado a Apex $19 millones como depósito para la compra de un millón de pruebas de COVID-19, aunque luego canceló la orden tras conocer que las pruebas no cumplían con los estándares de la Administración Federal de Drogas (FDA, por sus siglas en inglés).

Esta pequeña compañía se dedicaba a la construcción y nunca había manejado la venta de productos médicos.

“Aquellos que alegan que yo impulsara, promulgara, influyera, o de alguna otra forma ejerciera cualquier tipo de presión, o tuviese algún tipo de inherencia sobre la otorgación del contrato de APEX, le faltan a la verdad. Asimismo, aquellos que digan tener prueba fehaciente de alegatos en mi contra sobre este particular, los invito a que la sometan bajo juramento ante los foros pertinentes”, añadió Laureano.

"(...) aun entendiendo que la Gobernadora pueda tomar la decisión de cancelar contratos, tengo que establecer que, en este caso, se está tratando de manchar injustamente mi nombre e integridad ante la opinión pública solo por haber provisto un número de teléfono. La Gobernadora podrá cancelar contratos, pero jamás tendrá el derecho ni el poder de jugar con mi reputación”, concluyó.