El 12 de diciembre de 2024, a poco más de un mes después de que Jenniffer González Colón ganara las elecciones, un gran jurado federal emitió acusaciones contra 34 personas, incluyendo el convicto por asesinato, Jensen Medina Cardona, por trasiego de drogas en las cárceles del País.

El 17 de diciembre de ese año, el jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, reveló el esquema que tenía la ganga “Los Tiburones” o “Grupo 31” en las cárceles para controlar el proceso eleccionario. La denuncia apuntó a que el liderato daba instrucciones a los reos de cómo votar y los que no las seguían, recibían castigos corporales y psicológicos, según se destaca en un reportaje de “Telenoticias”.

La secretaria de Corrección para aquel entonces, Ana Escobar, rechazó que algún funcionario electo hubiese acudido a prisión a dialogar con los reos en ese periodo eleccionario con relación a este poder del voto revelado.

Este martes, sin embargo, una publicación neoyorquina de periodismo investigativo, ProPublica, apuntó a que su supuestamente los líderes de Los Tiburones exigían votos para González Colón.

El alegato de la publicación es que, tras ganar Donald Trump las elecciones presidenciales, supuestamente se detuvo la pesquisa que apuntaba al intercambio de drogas por votos a favor de la gobernadora.

“Los investigadores habían reunido pruebas contundentes de fraude electoral que implicaban tanto a reclusos como a personal penitenciario, y estaban trabajando para determinar si González Colón o su campaña estaban involucradas, según informaron a ProPublica cuatro personas con conocimiento del caso.

Estas personas solicitaron el anonimato porque no están autorizadas a hablar públicamente al respecto, dice el reporte.

Poco después, se afirmó que, “cuando los fiscales federales preparaban una acusación formal contra los reclusos y el personal en noviembre de 2024 —pocos días después de que Trump ganara las elecciones y González Colón se alzara con la gobernación— recibieron una directiva sorprendente. Sus superiores en la Fiscalía del Distrito de Puerto Rico les ordenaron excluir los cargos relacionados con el voto contra los reclusos y todos los cargos contra el personal penitenciario, según reveló una investigación de ProPublica”.

De hecho, el pliego acusatorio no incluye ningún personal correccional. No obstante, se reveló que algunos de los oficiales implicados sirvieron como cooperadores para lograr las acusaciones.

Reacciona la gobernadora

Tras su implicación en el caso, González Colón emitió unas declaraciones escritas para rechazar las alegaciones.

“Durante mi carrera y en mis campañas políticas hemos combatido la corrupción, actuado en contra de ella y presentado iniciativas para combatirlas y sobre todo hemos respetado los procesos democráticos. Rechazo toda alegación que se me pretenda imputar sobre actos contra la ley, como la publicación difamatoria en un medio nacional sobre alegados esquemas durante el pasado cuatrienio y que ahora se quiera adjudicar a mi campaña”, dijo.

Añadió que “esto es un intento de aquellos que quieren mancillar mi reputación y no lo conseguirán. En el proceso de campaña eleccionaria escuchamos a todos los sectores de la población para garantizar políticas públicas que atendieran las necesidades de todos los ciudadanos americanos en Puerto Rico y esto incluyó que mi equipo de campaña y esta servidora se reuniera con familiares de confinados preocupados por la rehabilitación y la reinserción a la sociedad. La mejor evidencia es que durante la primaria electoral del 2024, la población correccional votó (de forma) abrumadora en contra de esta servidora y a favor del exgobernador Pedro Pierluisi”.

Otro aspecto que consignó fue que los familiares de los confinados solicitaron la permanencia de Escobar en el cargo, pero no accedió.

Más allá de rechazar haber obtenido votos a cambio de ayudar a que los confinados accedieran a drogas, la gobernadora sostuvo estar “comprometida con la rehabilitación de los confinados y su reinserción a la sociedad. Mi Programa de Gobierno como mis políticas públicas reflejan el principio rector de la rehabilitación. Iniciativas como la erradicación de la hepatitis C en las cárceles, las oportunidades de aprendizaje virtual para personas en las cárceles en instituciones de educación superior y la mayor inversión en trabajadores sociales asignados a las cárceles demuestran nuestro compromiso”

“Las alegaciones de intervenciones indebidas que se señalan en el reportaje son completamente falsas. Cualquier investigación federal que exista, si existe, deben preceder mi administración. Este reportaje es uno de encargo por la misma gente que quieren seguir intentando manchar mi reputación. Seguiré enfocada en hacer el trabajo a favor de la gente”, concluyó González Colón.

Según la investigación federal, la organización Los Tiburones mantuvo el control de la distribución de grandes cantidades de drogas en varias cárceles, entre estas la Institución Correccional Guerrero en Aguadilla, el Complejo Correccional Las Cucharas Sargento Pedro Joel Rodríguez Matos en Ponce, la Institución Correccional Bayamón 501 y la Institución Correccional Guayama Máxima Seguridad 1000.

Entre las drogas que presuntamente traficaban los acusados en las instalaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación se encuentran fentanilo, suboxona, heroína, cocaína, marihuana y marihuana sintética.

Estos utilizaban aeronaves no tripuladas (drones), el correo y visitas familiares para introducir las sustancias a las cárceles, así como arrojarlas a los patios y esconderlas dentro de artículos, como la videoconsola PlayStation, controles remotos, alimentos, microondas, abanicos y bolsas de hielo.

Los 34 acusados del caso enfrentan cargos por los siguientes delitos: conspiración para el tráfico de sustancias controladas, asistencia e instigación en la distribución de sustancias controladas que resultó en muerte, participación en transacciones monetarias con bienes provenientes de actividades ilícitas específicas y posesión de un arma de fuego en relación con un delito de tráfico de drogas.

No se presentaron cargos por delitos electorales.