El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) informó este viernes que autorizó ampliar la investigación criminal contra la exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, para incluir a su padre, identificado como Noel Pérez Martínez.

La petición para ampliar la investigación la realizaron las fiscales Maricarmen Rodríguez Barea y Gisela Alfonso Fernández. Es que estas detectaron evidencia que presuntamente implica al hombre en las irregularidades detectadas en un negocio familiar de inspecciones de vehículos y venta de marbetes.

“Las FEI indicaron que la solicitud de ampliación respondió a información y evidencia documental obtenidas durante las gestiones investigativas relacionadas con la encomienda que les fue asignada. Según explicaron, esta ampliación es necesaria para determinar la posible participación del señor Noel Pérez Martínez, padre de la exsecretaria Pérez Peña”, dice el comunicado emitido por el PFEI para informar de la ampliación de la pesquisa.

Además, el ente concedió un término de 45 días para realizar la investigación.

La controversia

Las imputaciones contra la exsecretaria de la Vivienda surgieron a principios de febrero, luego de que el exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Arturo Deliz Vélez, revelara que se detectó que sobre unos 68 centros de inspección supuestamente cobraron a ciudadanos sus marbetes, sin presuntamente remitir los fondos al Departamento de Hacienda, la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA) o aseguradoras, dejando a conductores sin cobertura.

Uno de los centros era el Yabucoa Auto Service, que hasta diciembre de 2025 aparecía a nombre de Pérez Peña.

Deliz Vélez, quien también es investigado por Justicia, reveló que al centro de inspección se le impuso una multa de $500 por cada transacción fraudulenta, y que, en el caso de Yabucoa Auto Services, se detectaron 1,975 transacciones al momento de la investigación, por lo que el monto a pagar alcanzaba los $987,500 en multas. No obstante, ocurrió una transacción, de la que el DTOP alega que no tiene rastro ni documentos, en la que la multa disminuyó a $5,000.

Mientras surgían detalles de las presuntas irregularidades, la gobernadora Jenniffer González Colón defendió públicamente a la funcionaria. Alegó que las incidencias eran personales y que esta realizaba bien sus funciones en Vivienda.

“Las imputaciones que se han hecho ninguna es a su rol (del Departamento de la) Vivienda”, alegó el pasado 25 de febrero.

Ese mismo día Pérez Peña aseguró que no renunciaría a su cargo.

Tras arreciar la disputa pública, se anunció la salida de Pérez Peña de la secretaría de Vivienda el 14 de marzo. La dimisión fue efectiva el 16 de marzo.

La carta que emitió para renunciar, de cuatro páginas, aludió a que “con sentimientos encontrados” renunciaba. Luego, pasó a enumerar los logros que se atribuye durante su administración.

“Renuncio con la cabeza en alto por el trabajo realizado y por el compromiso que siempre guió nuestras acciones en beneficio del pueblo de Puerto Rico. No obstante, comprendo las distracciones que han provocado las recientes acusaciones falsas y malintencionadas contra mí y contra mi familia, por lo que no puedo permitir que las mismas minimicen la gestión, avances y logros de su administración, de la cual tuve el privilegio y el honor de formar parte”, afirmó Pérez Peña.