“Para distraer la obra que se está haciendo” en la administración de Jenniffer González Colón fue que se lanzó una nueva acusación que gira en torno a un posible abuso de poder en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) hacia una empresa privada, según describió este martes el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

Sin embargo, el funcionario se aferró en desligar a la administración de la controversia. Lo usó para señalar “un perfecto ejemplo de cómo algo que pasó en el 2024, estos textos son del 2024, la comisionada actual no tuvo nada que ver con la situación, se enteró de la misma ayer, lo quieren traer como una controversia de la administración de Jennifer González”.

La controversia de la que habló fue revelada ayer por el representante popular Domingo J. Torres García, en torno a “un patrón alarmante donde el poder regulador del Estado pudo haber sido utilizado para castigar a una empresa privada por asuntos personales”.

Lo que se alegó fue que, en medio de una ruptura de un noviazgo, una mujer, identificada como Natalia Castiel, supuestamente solicitó la mediación de la excomisionada de Instituciones Financieras, Natalia Zequeira, para ir contra las empresas donde el exnovio era gerente, Allied Fleet Services Inc. y AAA Car Rental.

Las empresas fueron multadas por miles de dólares. Supuestamente, bajo la actual comisionada de Instituciones Financieras, Mónica Rodríguez Villa, se ha continuado el patrón de hostigamiento regulatorio contra las empresas.

El esquema se descubrió cuando el gerente de las empresas dio con unos mensajes de texto en los que Zequeira supuestamente tramó en imponer el “Croqueta Fee” y el “Cab$@& Fee” al hombre, a petición de la exnovia. Todo por una disputa entre parejas sobre quién se quedaría con una perra llamada Croqueta.

Lo que aclaró Domenech fue que supuestamente Rodríguez Villa desconocía la razón por la que las empresas fueron investigadas. Dijo que ahora, tras la denuncia, se ha iniciado una pesquisa del asunto.

“Es un asunto que se estaba trabajando por oficiales examinadores en la OCIF desde el verano del 2024 y que fueron esos examinadores oficiales los que encontraron a la compañía violando todos los reglamentos de la OCIF y los que impusieron la multa. Entonces, se enfocaron en una comisionada actual, que categóricamente y por la evidencia que ustedes tienen de los textos, no participó en nada de eso y el trabajo que se ha llevado a cabo de fiscalización de dicha compañía quedó demostrado que se llevó de una manera imparcial por un oficial examinador. Lo que dijo la excomisionada ciertamente, la que envió los textos, es totalmente reprochable, pero eso es de la administración pasada. Por eso es que digo, se tratan de traer controversias a la administración de Jennifer González Colón, que no son de ella y que se hacen con el intento de opacar su obra”, afirmó Domenech.

Esta controversia surge cuando queda en el tintero otra que relaciona a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes. Se trata de que supuestamente ayudó a que le concedieran a una expareja un contrato de miles de dólares mensuales cuando laboraba en el Departamento de Salud. La implicación se hace ya que envió un correo electrónico a una persona conocida como “Baby” para que tuviese los detalles de la contratación que se iba a realizar.

La secretaria de la Familia no ha querido aclarar quién es “Baby”.

Ayer, lunes, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, informó que evaluarán si es necesario reabrir una investigación del asunto. Pero, Domenech aseguró que esa evaluación no prosperaría, pues alegó que Roig Fuertes no tenía poder en Salud para otorgar contratos.

“El Departamento de Justicia, luego de tres años de estar investigando esta situación, determinó que aquí no había nada, y cerró la investigación dentro de los parámetros investigativos”, comentó.

“Ayer, la secretaría de Justicia dijo que iba a evaluar los nuevos documentos que se le trajeron, que pienso que es apropiado, verdad. Pero, no quiere decir que hay evidencia real nueva que cambie como tal el resultado. Eso lo determinará el Departamento de Justicia… Después de todo, a tu pregunta de otorgación de contratos, Suzanne Roig no tenía facultad en el Departamento de Salud para otorgar ningún contrato. No la tenía, eso es un hecho. La tenía el secretario de Salud de entonces, el doctor Carlos Mellado”, puntualizó Domenech.